La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) confirmó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, sí está autorizada para recibir donaciones. La entidad señaló que tiene el Registro Único Tributario vigente y pertenece al Régimen Tributario Especial.
La aclaración llega en medio de cuestionamientos sobre el destino de las donaciones recaudadas para atender a los damnificados del terremoto del 10 de agosto. La Dian precisó que las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas pueden recibir donaciones para desarrollar su objeto social, estén o no en ese régimen. La diferencia, dijo, es que las inscritas pueden expedir certificaciones para que los donantes accedan a beneficios tributarios.
Tras el pronunciamiento, la fundación también aseguró que está habilitada para recibir donaciones. En un mensaje dirigido a donantes, benefactores y aliados, afirmó que esa condición «reafirma su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia institucional y la responsabilidad en el desarrollo de su labor social».
El problema de fondo no está en la autorización para recibir recursos, sino en la falta de cifras. Durante un debate de las comisiones económicas conjuntas del Congreso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló en una diapositiva que los montos de las donaciones todavía estaban «por cuantificar». La nota también recoge que congresistas y otros sectores han pedido saber cuánta plata recibió la organización y cómo se ha destinado o se va a ejecutar.
Según el RUES, la entidad fue constituida formalmente el 7 de julio de 2026 ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, después de la elección de De la Espriella y antes de que asumiera la Presidencia. Ana Lucía Pineda figura como representante legal. La organización comenzó con un capital de $10 millones y fue creada como una entidad sin ánimo de lucro.
La campaña «Colombia, un solo corazón», impulsada por varios funcionarios públicos, articuló las donaciones de empresarios a través de la fundación. El 10 de octubre reportó que la iniciativa había entregado más de 5.813 toneladas de ayuda en seis departamentos y 80 municipios, con participación de unas 160 empresas, organizaciones sociales y entidades públicas. Pero no detalló montos recibidos ni ejecutados, ni señaló que hubiera recibido recursos de donaciones de otros países.
Aquí hay una lección incómoda para el poder público: cuando se canalizan recursos privados con apoyo de funcionarios y medios estatales, la transparencia deja de ser un gesto y pasa a ser una obligación. Capital busca reglas claras. Y cuando la rendición de cuentas se posterga, el costo no lo paga la burocracia: lo asumen los donantes, los beneficiarios y la confianza institucional.
La pregunta relevante ya no es si la fundación puede recibir dinero. El punto es si el aparato estatal y sus vocerías pueden pedir solidaridad sin mostrar, con cifras verificables, cuánto entró y en qué se gastó. Los números primero.
