El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, convocó este viernes a los líderes empresariales del país a un pacto de desarrollo. Lo hizo en Medellín, en un acto donde el presidente ejecutivo de CAF —banco de desarrollo de América Latina—, Sergio Díaz-Granados, anunció un compromiso de financiamiento de 9.000 millones de dólares para apoyar a Colombia durante el período 2026-2030.
El mensaje de De la Espriella fue directo. «Cuando la empresa prospera, el empleo crece y cuando el empleo crece, la pobreza retrocede», afirmó ante los líderes gremiales presentes, entre ellos Bruce MacMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
El mandatario electo fue más lejos: pidió un compromiso explícito al sector privado. «Es imposible reconstruir este país y llevarle al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro, sin el concurso decidido del sector empresarial», señaló. Y remató con una declaración de principios que marca un giro respecto a la retórica del gobierno saliente: en su administración, que arranca el próximo 7 de agosto, «se dejará de ver al empresario como un adversario», porque «el sector privado es el mayor aliado del desarrollo» nacional.
El equipo económico que acompañará a De la Espriella refuerza esa señal. Su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ocupó las carteras de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022). El ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, es economista y fue presidente de Asocolflores y de Fasecolda, gremios del sector flores y asegurador, respectivamente.
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El contraste con los últimos cuatro años difícilmente podría ser más nítido. La administración Petro convirtió al empresariado en blanco predilecto de su discurso redistributivo; el resultado fue fuga de capitales, contracción de la inversión privada y un clima de incertidumbre jurídica que el mercado penalizó con consistencia.
De la Espriella apuesta por la lógica opuesta: capital busca reglas claras, y el anuncio de 9.000 millones de dólares de CAF —antes de que el nuevo gobierno tome posesión— sugiere que los flujos ya están respondiendo al cambio de señal. El nombramiento de cuadros con trayectoria gremial en las posiciones económicas clave no es cosmético; es una garantía operativa de que la política pública y el sector productivo hablarán el mismo idioma. Para Colombia, que necesita inversión, empleo formal y reducción de pobreza, ese alineamiento no es un lujo ideológico: es la condición mínima del crecimiento.
