El Ministerio de Economía y Planificación (MEP) de Cuba expuso esta semana el detalle de las medidas incluidas en el paquete de 176 reformas aprobadas en junio, orientadas a liberalizar y descentralizar la economía de la isla.
Según la directora del sistema empresarial del MEP, Yovana Vega Mato, el país cuenta hoy con 23.172 entidades empresariales: 2.803 estatales, 15.200 mipymes privadas, 4.966 cooperativas, 131 empresas mixtas y 72 de capital extranjero. Las reformas buscan que «todos los actores se gestionen en similares condiciones en la economía».
Las medidas clave para el sector privado
Entre los cambios más significativos figura la eliminación del límite de 100 empleados para empresas privadas, la posibilidad de que un ciudadano constituya más de una compañía y la apertura a la inversión extranjera directa en negocios privados sin obligación de asociarse con el Estado. El plazo para aprobar una mipyme se redujo a aproximadamente 20 días y desaparece la autorización previa del MEP para crear empresas. Las autoridades anunciaron además que más del 62% de las actividades antes prohibidas al sector no estatal «se liberan o flexibilizan».
Las empresas estatales también ganan autonomía
El presidente del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE), Roberto Ricardo Marrero, subrayó que las entidades públicas podrán crear filiales y mipymes propias, definir su objeto social, aprobar precios y salarios, decidir sobre inversiones y operar con divisas propias.
El contexto: cinco años de contracción y presión externa
Las reformas no surgen en el vacío. La economía cubana acumuló una contracción del 15% entre 2020 y 2025, producto de la pandemia, políticas internas fallidas y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Desde enero, la política de máxima presión del gobierno de Estados Unidos ha incluido un cerco petrolero y sanciones secundarias que afectan a entidades extranjeras que operen con La Habana.
Desde Ágora Capital, la lectura es inevitable: cuando el Estado agota su capacidad de sostener el modelo, termina reconociendo lo que el mercado ya sabía. Cuba no liberaliza por convicción ideológica, sino porque la factura del estatismo se volvió impagable. El capital busca reglas claras y predecibles; las reformas anunciadas son un primer paso, pero el riesgo país de una economía gobernada por un régimen de partido único sigue siendo estructuralmente alto. Los inversionistas extranjeros que evalúen entrar lo harán con una pregunta central: ¿quién garantiza la propiedad cuando las reglas las escribe el mismo actor que las puede reescribir? Esa respuesta, las 176 medidas todavía no la dan.
