El gobierno cubano publicó el 8 de agosto de 2026 dos resoluciones en la Gaceta Oficial destinadas a incentivar las energías renovables en medio de la peor debacle eléctrica que registra la isla en décadas.
La Resolución 180/2026, vigente desde ese sábado, exime del impuesto aduanero a personas naturales y jurídicas que importen sistemas solares fotovoltaicos, calentadores solares, bombas fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, biodigestores de geomembranas, motobombas a biogás, alumbrado solar, sistemas de aires acondicionados solares y cargadores para vehículos eléctricos que operen con fuentes renovables. La norma también incluye equipos para el procesamiento de biomasa y sus partes fundamentales.
Además, la resolución contempla bonificaciones sobre el impuesto a las utilidades y sobre los ingresos personales para quienes realicen inversiones renovables en centros de servicios a la población. La viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz, precisó ante la televisión estatal que se trata de «inversiones en policlínicos, hogares maternos, consultorios, centros de atención a la familia, edificios multifamiliares, viviendas de personas electrodependientes, y también en el bombeo de agua en los municipios».
La Resolución 179/2026, por su parte, modifica la Resolución 114 de mayo de 2026 y amplía el alcance de la compraventa de energía producida con biomasa vegetal y eólica entregada al Sistema Electroenergético Nacional. La norma anterior priorizaba únicamente la energía solar fotovoltaica.
El contexto es severo. Cuba inició agosto con un apagón parcial seguido de otros dos generales que mantuvieron a casi todo el país sin electricidad durante tres jornadas consecutivas. Lo habitual, según los medios estatales citados por La Patilla, es que la mayor parte de la isla permanezca sin electricidad unas veinte horas al día. La isla ha acumulado doce apagones generales en casi veinticuatro meses, siete de ellos en lo que va de 2026.
La crisis se arrastra desde mediados de 2024 y combina factores internos —escasa capacidad de generación— con la presión estadounidense que, desde enero pasado, impide a la isla importar crudo o derivados, según la misma fuente.
---
Las resoluciones revelan la contradicción central del modelo cubano: un aparato estatal que durante décadas bloqueó la iniciativa privada ahora necesita con urgencia el capital y la creatividad de esos mismos actores para sostener servicios básicos. Las exenciones arancelarias y las bonificaciones fiscales son, en el fondo, una admisión implícita de que el Estado no puede financiar ni gestionar la transición energética por sí solo.
El mercado ya votó hace tiempo: sin reglas claras, sin propiedad privada garantizada y sin acceso a financiamiento externo, ninguna exención temporal convierte a Cuba en destino atractivo para el capital. Las resoluciones alivian la carga fiscal en el margen, pero no tocan el riesgo sistémico que disuade la inversión real. Mientras la institucionalidad no cambie, los apagones seguirán siendo la norma, no la excepción.
