Los números primero. El Ministerio de Comercio Interior de Cuba publicó este viernes el decreto 167. La norma autoriza crear cadenas de tiendas, restaurantes y redes gastronómicas en todo el país.
El decreto busca ordenar el comercio interior. También propone modernizar las actividades comerciales. Fomenta alianzas entre actores estatales, privados y de inversión extranjera.
Entre sus principios figuran la competencia leal y la protección al consumidor. Incluye además la aplicación de tecnología en la gestión comercial. La comercialización podrá hacerse en peso cubano o en divisas.
El Mincin publicó también las resoluciones 23 y 24. La primera clasifica los establecimientos en tres niveles: Alto Nivel, Nivel Medio y de cercanía. La segunda fija requisitos técnicos para operar, cubanos o extranjeros.
Entre esos requisitos está disponer de canales de pago electrónico. Se exige también licencia vigente y un identificador visual del negocio. El objetivo declarado es dar transparencia al sector.
Estas medidas forman parte de un paquete de 176 reformas aprobadas en junio. Según el Gobierno, 134 de ellas —un 76,1%— ya cuentan con respaldo jurídico. Las reformas tocan agricultura, comercio exterior y sector inmobiliario.
El contexto es de crisis profunda. Cuba atraviesa su sexta año de deterioro económico. Desde enero rige un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, sumado a nuevas sanciones con fines políticos.
El mercado ya votó, aunque en La Habana el veredicto llegue con seis años de retraso. Un régimen que reconoce cadenas privadas de tiendas y restaurantes admite, de facto, que el monopolio estatal no alcanza para abastecer a la población. La apertura desde 2021 a mipymes y cooperativas no fue una concesión ideológica: fue una respuesta a la escasez.
Capital busca reglas claras, y el decreto 167 promete transparencia y licencias. Pero la prueba real no está en la Gaceta Oficial, sino en si esas reglas se aplican sin arbitrariedad política. Mientras el aparato estatal mantenga el control final sobre licencias, divisas y precios, la propiedad privada seguirá siendo condicional. El riesgo país no baja solo con un decreto: baja cuando el inversor confía en que la regla de hoy sobrevivirá al próximo giro del poder.
