La tasa de desempleo en Chile alcanzó 9,4% en el trimestre móvil abril-junio, completando tres meses consecutivos por encima del 9% y situándose en su máximo nivel en cinco años. La cifra es casi idéntica al pico registrado durante la pandemia de Covid-19, cuando el indicador tocó 9,5%.
Alejandra Cox, Ph.D. en Economía de la Universidad de Chicago e ingeniera comercial de la Universidad Católica, pone el foco en dos grupos que carga el mayor peso del ajuste: los jóvenes de 15 a 24 años, con un desempleo de 22,8%, y las mujeres, con 10,5%, frente al 8,6% registrado entre los hombres.
«El mercado laboral está cerrado para los jóvenes, está cerrado para la gente sin experiencia. Los empleadores no quieren tomar riesgos», señala Cox en su primera entrevista pública desde que dejó la presidencia de la Asociación de AFP en marzo de 2023.
El diagnóstico de Cox es preciso: a una cultura nacional aversiva al riesgo se suma un marco regulatorio que encarece el error. Despedir en Chile implica costos elevados, incertidumbre jurídica y la posible intervención de un juez. El resultado es una ecuación que los empleadores resuelven de la única forma racional disponible: no contratar.
La economista, que fue economista laboral senior en el Banco Mundial entre 1993 y 1996 y trabajó en mercados laborales de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Irán e Indonesia, entre otros países, propone cuatro medidas concretas.
Primero, eliminar la arbitrariedad de la Dirección del Trabajo: «que se ponga las pilas, cumpla la ley y punto». Segundo, reemplazar la indemnización por despido —atada a años de servicio— por una indemnización a todo evento, aplicable tanto al despido como a la renuncia voluntaria, en línea con lo que propone la mesa de reactivación laboral encabezada por David Bravo. Tercero, crear un contrato laboral a prueba, formal, con cotizaciones para pensiones, salud, SIS, seguro de cesantía y seguro contra accidentes, pero sin indemnización por separación. Cuarto, ordenar el uso del contrato a plazo fijo, hoy sobreutilizado como sustituto del contrato a prueba inexistente.
Sobre la Dirección del Trabajo, Cox es categórica: «hay que hacerle cirugía mayor; tiene que ser una institución independiente». La institución, señala, protege a quienes ya tienen empleo, pero al amedrentar a los empleadores en casos de despido desprotege a quienes buscan entrar al mercado.
Desde Ágora Capital, el cuadro es difícil de ignorar. Un desempleo juvenil de 22,8% no es un dato coyuntural: es el precio que pagan los que menos tienen cuando el aparato regulatorio prioriza la rigidez sobre la creación de oportunidades. La indemnización a todo evento y el contrato a prueba son reformas de libre mercado con décadas de evidencia internacional; su ausencia en Chile no es un accidente técnico, sino el resultado de un marco laboral que favorece al trabajador instalado sobre el que todavía no consigue su primera oportunidad. Capital busca reglas claras, y el mercado laboral chileno lleva demasiado tiempo ofreciendo lo contrario.
