La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió el entrampamiento técnico que impedía ejecutar el fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2025: ordenó el bloqueo por DNS de dominios específicamente individualizados que operen juegos de azar sin autorización legal en Chile.
El mecanismo, de cinco etapas, asigna roles precisos a tres organismos del Estado. Primero, la Lotería de Concepción o la Polla Chilena de Beneficencia denuncian los dominios sospechosos ante la Superintendencia de Casinos de Juego. Segundo, ese organismo valida si los sitios corresponden efectivamente a plataformas de apuestas ilegales. Tercero, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) comunica la nómina definitiva a las telcos —Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM y VTR— para que ejecuten el bloqueo en el plazo que ella misma fije. El esquema incluye además un sistema de revisión permanente para neutralizar los «sitios espejo» que intenten eludir la medida.
El fallo fue redactado por los ministros Juan Cristóbal Mera, Matías Felipe de la Noi y el ministro suplente Daniel Eduardo Aravena.
Felipe Dalgalarrando, presidente de Polla, celebró la resolución: «Valoramos esta sentencia, ya que establece un procedimiento claro para hacer efectivo el bloqueo de las plataformas de apuestas que operan ilegalmente en Chile».
La respuesta de la industria digital fue distinta. La Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) —que agrupa a Latamwin, Juegaenlinea, Betsson y Coolbet— advirtió que la Corte «extiende su competencia fuera del alcance específico sometido a su conocimiento» y que la Superintendencia de Casinos estaría asumiendo funciones que «exceden las competencias que la ley le entrega». Según aPAL, el mecanismo «plantea serias interrogantes respecto del principio de neutralidad de la red» y vulneraría estándares de ciberseguridad y protección de datos.
El origen del litigio fue un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción contra las principales empresas de telecomunicaciones del país. La Corte Suprema falló a favor de Polla y Lotería en septiembre de 2025, ordenando el bloqueo inmediato de los sitios denunciados. La fase actual surgió porque las telcos exigieron que la calificación de ilegalidad no quedara en manos de las partes interesadas, lo que derivó en el diseño del esquema de validación institucional.
La lectura de Ágora Capital es directa: el Estado chileno acaba de construir un muro regulatorio en favor de dos entidades que él mismo controla. Polla Chilena y Lotería de Concepción no compiten en igualdad de condiciones con el sector privado; operan bajo un paraguas legal que ahora el Poder Judicial refuerza con bloqueos de infraestructura. El argumento de la «ilegalidad» de los competidores es técnicamente válido dentro del marco normativo vigente, pero ese marco fue diseñado para proteger el monopolio estatal, no al consumidor. Cuando el aparato regulatorio, la Superintendencia y la Subtel actúan coordinados para excluir a privados del mercado, el principio en juego no es el orden jurídico: es la libre competencia. El mercado ya votó —millones de chilenos usaban esas plataformas— y el Estado respondió con un bloqueo DNS.
