El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur anunció este martes una ayuda humanitaria adicional de 3,5 millones de dólares para Venezuela, destinada a apoyar la reconstrucción de las zonas devastadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.
De ese monto, 3 millones de dólares se canalizarán a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para financiar la retirada de escombros en las comunidades más afectadas. Los 500.000 dólares restantes se materializarán en 30 toneladas de refugios temporales —tiendas de campaña— enviadas a petición del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
Esta nueva partida se suma a los 5 millones de dólares que Seúl ya había comprometido en junio, elevando el apoyo global surcoreano a 8,5 millones de dólares. «Nuestro gobierno planea continuar brindando asistencia humanitaria a los países y personas afectadas por desastres naturales», indicó el ministerio en un comunicado.
Los últimos balances oficiales de las autoridades venezolanas cifran el saldo del doble sismo en más de 4.500 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda. La NASA, según informes citados por medios locales, señaló que una falla desplazó hasta 60 centímetros la superficie terrestre.
La magnitud del desastre pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura venezolana tras años de desinversión pública y colapso institucional. Que sea una democracia de mercado del Indo-Pacífico —y no el aparato bolivariano— quien movilice con mayor rapidez recursos concretos y verificables habla por sí solo del estado del Estado venezolano.
Capital busca reglas claras, pero también instituciones capaces de gestionar emergencias. La reconstrucción de Venezuela no dependerá solo de la solidaridad internacional: requerirá un marco legal que proteja la propiedad, atraiga inversión privada y devuelva a los ciudadanos la certeza de que el dinero llega a quienes lo necesitan, no al aparato que los ha empobrecido durante décadas.
