El Concejo de Bogotá aprobó el 9 de septiembre, en primer debate, la reforma tributaria impulsada por el alcalde Carlos Fernando Galán. La iniciativa, que contempla aumentos en el impuesto de industria y comercio (ICA) y en el alumbrado público, obtuvo 8 votos a favor y 3 en contra en la Comisión de Hacienda.
El trámite no termina ahí. Para que la medida entre en vigencia, el Concejo deberá convocar sesiones extraordinarias y debatirla en plenaria. Si la plenaria la aprueba, el alcalde deberá sancionarla.
La reforma fue radicada con el acompañamiento de la secretaria de Seguridad, Ana María Cadena. Sus promotores argumentan que los nuevos recursos son necesarios para la modernización del alumbrado y otros proyectos de la capital.
Sin embargo, la iniciativa ha generado una oposición significativa. La concejal Diana Diago fue una de las voces más críticas durante la sesión. Según declaró en sus redes sociales: «Hay graves denuncias que dicen que aparentemente están repartiendo alcaldías locales para comprar apoyos a la reforma tributaria. Hoy me intentaron silenciar en la sesión en el Concejo de Bogotá, pero jamás me van a callar ante la ciudadanía».
Diago también señaló que «cuando el Concejo les da la espalda a los ciudadanos y a toda costa quiere aprobar impuestos para satisfacer a unos cuantos y perjudicar a la población, son los ciudadanos los que deben alzar la voz».
Las denuncias sobre presuntas negociaciones con alcaldías locales a cambio de votos favorables no han sido confirmadas ni desmentidas por fuentes oficiales según la información disponible, pero ya circulan en el debate público y añaden una capa de opacidad a un proceso que debería ser transparente.
La lectura de Ágora Capital: Bogotá enfrenta aquí un patrón conocido: el aparato estatal busca más recursos antes de demostrar que administra bien los que ya tiene. Subir el ICA y el alumbrado golpea directamente a los negocios formales y a los contribuyentes cumplidos, que son, precisamente, quienes menos pueden evadir. Si a eso se suman señalamientos —aún sin confirmar— de que se estarían distribuyendo cuotas burocráticas para asegurar votos, el costo político y reputacional de la reforma podría superar con creces cualquier beneficio fiscal proyectado. Capital busca reglas claras; lo que Bogotá ofrece hoy es incertidumbre tributaria y ruido institucional.
