El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado votó este jueves para declarar al Dr. Anthony Fauci en desacato al Congreso, con los ocho republicanos a favor y cinco demócratas en contra. El presidente del comité, el senador Rand Paul (R-KY), confirmó el resultado y anunció que la resolución se enviará al Departamento de Justicia sin pasar por un voto en el pleno del Senado.
El detonante inmediato: Fauci se acogió a la Quinta Enmienda bien más de 100 veces durante su comparecencia ante el comité la semana pasada, negándose a responder preguntas pertinentes a la investigación. Paul había argumentado antes del voto que el testigo «tuvo muchas oportunidades de responder las preguntas pertinentes a nuestra investigación, y tomó su decisión 111 veces».
La maniobra procesal
El camino elegido por Paul es inusual. En lugar de llevar la resolución al pleno del Senado —donde se necesitarían 60 votos para avanzar, lo que exigiría apoyo demócrata—, la resolución instruye al presidente del Senado, el vicepresidente J.D. Vance, a certificar el informe del comité y remitirlo al fiscal federal del Distrito de Columbia. «Podemos debatirlo, pero como no es exactamente una ley, no tiene un procedimiento exacto», dijo Paul a Fox News.
El senador Josh Hawley (R-MO) informó que su despacho trabaja en un memorando dirigido al fiscal general en funciones Todd Blanche para urgar al DOJ a perseguir un caso penal de desacato. «No tiene derecho a acogerse a la Quinta Enmienda cuando ya tiene un indulto. Es una cosa o la otra», declaró Hawley a Fox News Digital.
El senador James Lankford advirtió sobre los riesgos del procedimiento: si el vicepresidente certifica la resolución directamente, eso podría sentar un precedente que una futura mayoría demócrata aprovecharía de la misma forma.
El argumento jurídico central
La resolución sostiene que el indulto firmado por el entonces presidente Joe Biden el 19 de enero de 2025 —que cubre posibles delitos federales cometidos entre el 1 de enero de 2014 y esa fecha— elimina el riesgo de autoincriminación federal que justifica invocar la Quinta Enmienda. Algunos expertos legales, sin embargo, argumentan que Fauci sigue expuesto a una eventual persecución estatal o local, lo que mantendría vigente su derecho constitucional.
El abogado de Fauci, David Schertler, calificó el voto como «un burdo truco político» y la resolución de «infundada y políticamente motivada», asegurando que su cliente «no ha cometido ningún crimen». Schertler acusó a Paul de tener «una vendetta personal» y de intentar «weaponizar el Departamento de Justicia contra un honorable servidor público».
En paralelo, el senador Ron Johnson (R-WI), presidente de la Subcomisión Permanente de Investigaciones, informó que esa subcomisión ya tiene en su poder una copia del teléfono de Fauci, obtenida del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). «Esperamos que este dispositivo responda muchas de las preguntas que se negó a contestar», señaló Johnson.
Lectura de Ágora Capital
Más allá del debate procesal, lo que está en juego es un principio elemental de rendición de cuentas: un funcionario público que administró miles de millones de dólares del contribuyente durante la pandemia no puede escudarse indefinidamente en un indulto para eludir la supervisión legislativa. El Congreso existe, entre otras razones, para fiscalizar el aparato estatal; cuando ese aparato se blinda con maniobras constitucionales, el ciudadano queda sin respuestas.
El teléfono de Fauci en manos del Senado es el dato más relevante de la semana. Los documentos suelen decir lo que los testigos se niegan a decir.
