El Comité Judicial del Senado aprobó el martes la nominación de Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos por 12 votos a favor y 10 en contra, estrictamente por línea partidaria. La votación despeja el último obstáculo formal antes del pleno del Senado, donde Blanche deberá reunir 50 votos para ser confirmado.
Blanche se desempeña actualmente como fiscal general en funciones. Según la fuente de SCMP, Pam Bondi renunció en abril y Blanche, quien se había convertido en fiscal general adjunto tras el inicio del mandato de Trump, pasó a ejercer el cargo en funciones.
El principal escollo fue el llamado «fondo anti-weaponización», dotado con 1.800 millones de dólares y surgido de un acuerdo extrajudicial que la administración Trump alcanzó en un litigio que el presidente inició contra el IRS por la filtración de sus declaraciones fiscales. El fondo estaba destinado a compensar a personas que alegaran haber sido objeto de investigaciones gubernamentales políticamente motivadas. Los críticos advirtieron que podría beneficiar a aliados de Trump, incluidos imputados por los hechos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.
Los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, retrasaron la votación del comité durante una semana al exigir garantías escritas de que el fondo quedaría anulado y que el alcance del acuerdo que limita las auditorías del IRS sobre Trump y su familia sería acotado. Blanche publicó documentos firmados que, según él, rescinden el fondo. Expertos han cuestionado si esos documentos son jurídicamente vinculantes, pero tanto Cornyn como Tillis dieron su apoyo el lunes.
Un juez federal acusó a Blanche de actuar en doble representación durante el proceso, alegando que trabajaba a la vez en favor de los intereses personales del presidente y del organismo gubernamental que debía defender. Blanche ha negado que el fondo pueda ser revivido.
Entre las preocupaciones adicionales figura la acusación federal contra el exdirector del FBI James Comey por supuestamente amenazar al presidente con una publicación en redes sociales que contenía los números «86 47». Expertos legales han cuestionado la solidez del caso, argumentando que el mensaje probablemente está protegido como discurso político.
Del lado demócrata, la senadora Richard Blumenthal calificó los documentos presentados por Blanche de «una farsa y un fraude al Congreso». El senador Chris Coons afirmó que los ciudadanos «merecen un Departamento de Justicia independiente y transparente» y que duda de que Blanche pueda lograrlo.
El camino al pleno no está despejado. Según CNBC, los senadores republicanos Lisa Murkowski, Bill Cassidy y Susan Collins no han confirmado su voto. Dado que los republicanos tienen una mayoría de 53-47 y el senador Mitch McConnell se encuentra en ausencia médica prolongada, Blanche necesita que los votos favorables alcancen 50, lo que acota el margen de maniobra dentro de su propio partido.
La lectura de Ágora Capital es directa: el fondo de 1.800 millones de dólares —dinero de los contribuyentes— concentró las dudas legítimas de los propios republicanos, no solo de la oposición. Que dos senadores del partido hayan forzado garantías escritas antes de votar a favor habla de una tensión real entre lealtad política y estado de derecho. Capital busca reglas claras: un fiscal general cuya independencia institucional sea cuestionada por su propio bloque no ofrece la certeza jurídica que los mercados y la inversión privada necesitan. El pleno dirá si esa tensión se resuelve o simplemente se pospone.
