La Academia Nacional de Medicina pidió al Congreso conservar los llamados impuestos saludables y mantenerlos como parte de la estrategia de salud pública en Colombia. También reclamó que la totalidad de lo recaudado se destine a financiar la atención en salud de la población.
La entidad fijó su posición frente al Proyecto de Ley 012 de 2026, con el que se busca derogar los artículos del Estatuto Tributario que incorporaron esos gravámenes en la reforma tributaria de 2022. Según su pronunciamiento, retirar la medida implicaría retroceder en una política recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
La Academia sostuvo que existe evidencia científica internacional que relaciona el consumo de productos ultraprocesados con diabetes tipo 2, hipertensión arterial, obesidad, afecciones cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Añadió que estas patologías generan hospitalizaciones, incapacidades y muertes prematuras, además de una carga económica para las familias y el sistema sanitario.
En Colombia, la entidad puso sobre la mesa dos cifras: entre 2013 y 2023, la población del régimen contributivo atendida por diabetes aumentó 54%, mientras que las atenciones y prestaciones asociadas con esta enfermedad crecieron cerca de 150%. A eso sumó que la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015 reportó exceso de peso en el 56% de los adultos del país.
Uno de los argumentos para eliminar los impuestos es su supuesto efecto sobre la inflación y la canasta básica. La Academia consideró que esa justificación tiene poco sustento, porque los ultraprocesados no están clasificados como productos básicos. También señaló que la inflación alimentaria colombiana está más relacionada con factores agrícolas, climáticos y logísticos que con estos tributos.
La institución advirtió, además, que derogar los gravámenes reduciría los ingresos fiscales disponibles para financiar programas de salud pública y prevención, justo cuando el sistema sanitario enfrenta necesidades crecientes. En paralelo, defendió la continuidad de los sellos octogonales que alertan sobre altos contenidos de azúcar, sodio o grasas saturadas.
La discusión legislativa ya está instalada. Los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, impulsan la eliminación de los impuestos a bebidas y alimentos ultraprocesados. Borda sostuvo que los gravámenes aumentaron los costos para los consumidores sin generar los beneficios sanitarios esperados y dijo: «Petro dijo que era para cuidarnos. Nosotros vemos un impuesto más al bolsillo de los colombianos».
Los congresistas también afirman que los cobros afectaron a compradores, tenderos y panaderos, y cuestionan el destino de los recursos recaudados. Sobre ese punto, han señalado presuntos desvíos hacia hechos de corrupción, una afirmación que forma parte de sus argumentos contra la medida. La eliminación de estos impuestos también fue anunciada por la administración de Abelardo de la Espriella, que planteó incluir una disposición para retirar el gravamen en su proyecto de reforma tributaria.
El fondo del debate es claro: quién paga la cuenta del sistema y si el Estado debe usar la tributación para orientar hábitos de consumo o limitarse a no interferir. La Academia quiere proteger una fuente de financiamiento para salud pública; sus críticos ven un cargo más sobre el bolsillo del consumidor.
Capital busca reglas claras. Si el Congreso termina desarmando la medida, el mensaje para la política pública será que el corto plazo pesa más que la prevención y que la presión fiscal sustituye a la eficiencia del gasto. Si la conserva, el sistema gana recursos, pero también confirma que el aparato estatal seguirá usando impuestos para corregir conductas que antes no resolvió con educación y resultados.
