La Cámara de Comercio e Industrias del Estado Bolívar (Ccieb) presentó el proyecto «Ciudad Bolívar: Capital Estratégica de la Faja Petrolífera del Orinoco» ante representantes de los sectores productivo, comercial, industrial y académico. El objetivo: consolidar a la ciudad como base operativa y de servicios del Bloque Ayacucho.
Los números que sustentan la apuesta
El segundo vicepresidente de la Ccieb, Ilich Oviedo, desglosó las proyecciones. La Faja concentra más de 300.000 millones de barriles en reservas probadas. El plan contempla la reactivación de más de 5.000 pozos, con una producción proyectada de 26 millones de barriles anuales. El flujo financiero estimado supera los 1.800 millones de dólares por año, cifra que define la escala del mercado que Ciudad Bolívar aspira a anclar.
Un ecosistema que ya existe
El presidente de la Ccieb, Wuilfredo Carrasco, subrayó que la ciudad no parte de cero. El tejido local incluye más de 21 hoteles, 12 clínicas, 9 instituciones financieras, 200 empresas de servicios industriales y 224 comercios. A eso se suman siete universidades —UDO, Uneg, UBV, Uners, UNA y Uptb— que, según Carrasco, garantizan la formación técnica requerida por las operaciones de la Faja.
La directora Doris Mendoza presentó una nueva marca e imagen del proyecto, mientras que la directora Rosmary Torres expuso las unidades de negocio y oportunidades de patrocinio diseñadas para articular a proveedores regionales con la demanda operativa creciente del sector.
El ángulo que importa
La iniciativa es relevante precisamente porque proviene del sector privado organizado, no del aparato estatal. En un país donde la industria petrolera ha operado durante décadas bajo el control centralizado de PDVSA —con resultados de sobra conocidos en términos de producción y deterioro de infraestructura—, que sea la libre empresa regional la que diseñe, marque y promueva un polo logístico es una señal de vitalidad que merece atención.
El riesgo es igualmente claro: sin certeza jurídica, sin reglas contractuales estables y sin un entorno que proteja la propiedad privada y honre los contratos, los 1.800 millones de dólares proyectados seguirán siendo una aspiración en papel. El ecosistema existe; lo que falta es el marco institucional que convierta esa ventaja competitiva en retorno real para los inversores. El mercado ya votó con el diseño del plan. Ahora le toca al Estado no estorbar.
