La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles por 80 votos a favor, 48 en contra y tres abstenciones el último punto pendiente de la megarreforma de reconstrucción y reactivación, allanando el camino para que el Senado despache el proyecto a ley en sesión especial convocada por su presidenta, Paulina Núñez (RN).
El nudo final giraba en torno al mecanismo de compensación del Fondo Común Municipal. La comisión mixta que presidió el senador Javier Macaya (UDI) aprobó un informe por 6 votos a favor y 3 en contra. Los votos favorables correspondieron a Macaya, al senador Rodolfo Carter (Ind. republicano), a la senadora Gatica (RN) y a los diputados Agustín Romero (republicano), Flor Weisse (UDI) y Diego Schalper (RN). Votaron en contra la senadora Danisa Astudillo (PS), la senadora Paulina Vodanovic (PS) y el diputado Jorge Brito (Frente Amplio).
La fórmula acordada encarga a la Tesorería General de la República distribuir los recursos para compensar la menor recaudación derivada de la exención del pago de contribuciones. Cada municipio recibirá, según el nuevo articulado, «la misma proporción que les habría correspondido sobre la recaudación dejada de percibir». Para acceder a esa compensación, los municipios deberán mantener al día su información de recursos humanos ante la Dirección de Presupuestos y reducir en un 30% los tiempos de tramitación de permisos respecto del promedio registrado entre 2023 y 2025.
La sesión no estuvo exenta de tensión. El diputado Daniel Manouchehri (PS) abandonó la comisión al no obtener del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, un compromiso explícito de incluir en la reforma la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama. Quiroz rechazó esa lectura: «Fui taxativo en el esfuerzo que hace el gobierno en esas regiones», respondió. Poco después, el senador Carter y la senadora Astudillo protagonizaron un cruce verbal que tensionó aún más la sesión.
Despachado el texto por el Congreso, el Ejecutivo anunció que evalúa vetos para eliminar al menos dos artículos incorporados por el Legislativo: el derecho al olvido financiero por deudas y la prohibición del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses). Quedan en suspenso las normas sobre garantías de pago a 30 días para pymes y la prohibición de corte de servicios básicos en zonas siniestradas de Valparaíso, Ñuble y el Biobío. La Cámara acordó que esos vetos se discutan a inicios de agosto, plazo que no satisfizo al ministro Quiroz, quien buscaba cerrar toda la etapa legislativa en julio.
Además, el megaproyecto enfrenta tres requerimientos de la oposición ante el Tribunal Constitucional y un control preventivo obligatorio. Solo si supera esos filtros, el texto se traduciría en la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, un sistema de reintegración tributaria y la invariabilidad tributaria por 10 años para inversiones superiores a 50 millones de dólares.
Desde Ágora Capital, el ángulo es nítido: la rebaja corporativa y la invariabilidad son señales que el capital de largo plazo necesita para comprometer proyectos en Chile. Cada semana de incertidumbre en el TC o en la mesa de vetos tiene un costo real en decisiones de inversión que se postergan. El mercado no espera; el aparato legislativo, sí.
