El Congreso de Chile aprobó este martes la mayor parte de la reforma económica impulsada por el presidente José Antonio Kast, en lo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, describió como la aprobación de «lo esencial» del proyecto. Falta un último artículo para que el texto pueda ser promulgado por el ejecutivo.
El eje de la iniciativa es la reducción progresiva del impuesto a la renta para las grandes empresas, que pasará de 27% a 23%. El gobierno argumenta que el ajuste acerca la carga tributaria chilena a la de otras economías desarrolladas y mejora el atractivo del país para la llegada de capitales.
La reforma incluye además un régimen de estabilidad tributaria de 20 años para inversiones superiores a los 350 millones de dólares, y contempla compensaciones para compañías cuyos permisos ambientales sean anulados posteriormente por decisión judicial. Quiroz subrayó que la nueva legislación permitirá «acelerar proyectos que permanecían paralizados por procesos administrativos y regulatorios».
El contexto apura la agenda. El propio gobierno revisó recientemente su proyección de crecimiento del PIB hacia 2030, reduciéndola de 4% a 3,5%, lo que incrementó la presión para aprobar medidas orientadas a dinamizar la economía.
El politólogo Rodrigo Arellano, vicedecano de la facultad de gobierno de la Universidad del Desarrollo, calificó la aprobación como un punto de inflexión: «Desde el 2014, la discusión económica y tributaria en Chile siempre había estado enfocada en un aumento en la tasa de impuestos», señaló.
La oposición de izquierda rechazó la reforma. Sus principales objeciones apuntan al impacto en los ingresos fiscales y al riesgo para el financiamiento de programas sociales en salud y educación. Según la encuesta más reciente de Cadem, el 56% de los chilenos desaprueba la rebaja de impuestos para las empresas. Legisladores opositores anunciaron además que recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar algunos artículos, lo que podría retrasar la entrada en vigor de ciertas disposiciones.
La lectura de Ágora Capital
La aprobación marca un giro real en la política económica chilena: por primera vez en más de una década, el debate tributario se mueve en dirección contraria a la presión fiscal creciente. La estabilidad por 20 años para proyectos de gran escala es, en la práctica, una señal directa al capital internacional: Chile ofrece reglas claras. Ese es el insumo que la inversión privada exige antes de comprometer flujos en economías emergentes.
El riesgo político es real —el Tribunal Constitucional puede recortar el alcance de la norma— pero el mercado ya tiene un dato concreto: el Congreso votó a favor de la libre empresa cuando la proyección de crecimiento se deterioraba. Capital busca reglas claras, y Chile acaba de ofrecerlas.
