El caso Pandora en Panamá sigue ampliando el frente judicial con nuevos elementos que apuntan a una presunta red de funcionarios públicos, particulares e intermediarios que habría manipulado el sistema tributario para comercializar créditos fiscales de forma irregular.
Según los testimonios presentados por el Ministerio Público en audiencia, el exvicepresidente de Finanzas y Contabilidad de BAC Panamá, Arnold Salgado Galeano, habría recibido $50 mil de un intermediario por facilitar pagos relacionados con la compra de créditos fiscales. El señalamiento provino de Carlos Ferguson, identificado como intermediario, quien declaró que entregó ese dinero en dos pagos realizados en estacionamientos de la iglesia El Santuario y de un edificio residencial de El Dorado.
La jueza de garantías Sandra Castillo legalizó la aprehensión y admitió la imputación por presunta corrupción privada y delincuencia organizada. También ordenó que Salgado permanezca detenido provisionalmente mientras avanza la investigación, que gira en torno a una lesión patrimonial superior a $40 millones.
La Fiscalía incorporó además una investigación interna bancaria que detectó la eliminación de 36 correos electrónicos vinculados con las operaciones cuestionadas. Entre esas comunicaciones figuraban intercambios con Ferguson y sociedades que vendieron créditos al banco. La destrucción de evidencia fue considerada por la jueza al evaluar los riesgos procesales.
BAC Panamá aseguró que las operaciones relacionadas con la adquisición de créditos fiscales se hicieron mediante certificaciones oficiales y reiteró que la investigación no compromete la estabilidad financiera de la entidad. La defensa sostuvo que Salgado no tenía responsabilidad exclusiva sobre la compra de esos instrumentos, porque las operaciones pasaban por las áreas Legal, Cumplimiento y la Gerencia General. Sus abogados también argumentaron que los contratos eran firmados por el gerente general y que las verificaciones se hicieron con información disponible en los registros oficiales de la DGI.
Salgado, quien percibía un salario mensual de $11 mil, ocupó su cargo hasta septiembre de 2026. Durante la audiencia también se mencionaron transferencias desde sus cuentas hacia las de su madre, que la Fiscalía consideró relevantes para evaluar un eventual riesgo de evasión del proceso.
La operación Pandora investiga una presunta red integrada por funcionarios de la DGI, particulares e intermediarios que habría manipulado la plataforma e-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales. Las diligencias del Ministerio Público comenzaron en 2025, aunque las primeras actuaciones detectadas se remontan a 2024. El 8 de julio de 2026, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron más de 25 allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. Para septiembre, el expediente acumulaba 22 personas imputadas, antes de la incorporación del exdirectivo bancario.
Los créditos fiscales son saldos reconocidos a favor de un contribuyente frente a la administración tributaria, que pueden utilizarse para compensar obligaciones fiscales cuando la normativa lo permite. En este caso, la presunta organización alteraba registros tributarios para generar o apropiarse de saldos, luego comercializados mediante sociedades intermediarias.
Capital busca reglas claras. Cuando una red presuntamente se mete en la plataforma tributaria y la convierte en un negocio irregular, el daño no es solo patrimonial: también erosiona la confianza en la administración pública y castiga al contribuyente cumplido.
La apelación contra la detención provisional será revisada por el Tribunal Superior de Apelaciones el 27 de octubre. Hasta entonces, el expediente seguirá poniendo bajo presión la trazabilidad de los créditos fiscales y el costo que puede asumir el Estado cuando la burocracia tributaria deja de ser un filtro y se vuelve una vulnerabilidad.
