En los despachos oficiales ya se habla de las elecciones de 2027 como si fueran mañana, y en las empresas la reacción es más prudente: cuánto conviene arriesgar antes de saber el resultado. Esa cautela apareció con claridad en el Coloquio de IDEA, donde quedó en evidencia que la ansiedad electoral ya domina la agenda de los privados.
La estrategia política de confrontar temprano con Axel Kicillof, el «anticristo», puede servir en la pelea de corto plazo, pero también obliga al equipo económico a reforzar la barricada. Luis Caputo fue directo: «Los que crean que van a poder salir pesos de algún lado para comprar dólares, sepan que no. La capacidad de pesos es limitada».
El contexto internacional no ayuda. El Brent trepó otro 5% a US$102,9 y los bonos a 10 años de EE.UU. rendían 5,2%, casi su nivel más alto en dos décadas. Ese encarecimiento del crédito complica la desinflación local y además amenaza una fuente clave de divisas: las emisiones de deuda de empresas y provincias.
Varias compañías argentinas que pensaban salir al exterior suspendieron sus planes esta semana. Son los casos de Adecoagro y Capex. También la provincia de Santa Fe. San Juan, en cambio, logró colocar US$600 millones al 9,85 por ciento, aunque su caso es particular por la expansión del negocio minero.
Mientras tanto, el Gobierno busca preservar el superávit fiscal «a como dé lugar». Está por publicarse un decreto con un plan de retiros voluntarios para la administración pública nacional y se espera que entre 1000 y 1500 trabajadores estatales se sumen. El propio Federico Sturzenegger publicó en X que el Gobierno achicó la planta de empleados públicos en 77.000.
La otra señal relevante para el mercado está en la caja. Varias grandes empresas le reclamaron a Caputo reintegros de exportación que no se están pagando, pese al plazo de 60 días que, en teoría, debería regir. «Se vencen los plazos y la deuda se acumula», reconocen.
También pesan las conversaciones con gobernadores. Los cordilleranos dependen en gran medida de la continuidad del modelo económico para que avancen las inversiones mineras prometidas bajo el RIGI. No es lo mismo financiar con un riesgo país cerca de 400 o 500 puntos que con uno por encima de 1000. El capital busca reglas claras, y hoy todavía las condiciona la política.
El mercado ya votó con cautela: menos riesgo, menos plazo y más atención a la caja. La motosierra baja el gasto y mejora el número fiscal, pero también marca una economía donde el Estado empuja su ajuste hacia empleados públicos, proveedores y empresas que esperan cobrar. Esa es la tensión de fondo: orden fiscal sí, pero a costa de un tejido privado que necesita previsibilidad para invertir.
En ese marco, la inversión no desaparece; se vuelve selectiva. Donde hay reglas, como en algunos proyectos mineros, el flujo puede seguir. Donde manda la incertidumbre, el margen se achica. Y mientras la política mira 2027, el costo de seguir postergando definiciones lo sigue pagando el país en capitalización perdida.
