El presidente Abelardo De La Espriella pidió revertir el aumento del precio de la gasolina previsto para octubre, luego de citar a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda. En sus redes sociales, el mandatario dijo que la instrucción es buscar una salida articulada entre todas las entidades del Gobierno.
«He pedido que revierta el aumento correspondiente a octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina», afirmó De la Espriella.
El presidente añadió que su orden es explicar «de manera transparente y pedagógica» las realidades del mercado antes de tomar decisiones que afecten el día a día de los colombianos. También sostuvo: «Nuestro primer deber es con el ciudadano».
Según las carteras de Minas y Energía y Hacienda, los precios de referencia de los combustibles para el décimo mes del año habían dejado a Villavicencio, Cali y Bogotá con los precios más altos por galón de gasolina corriente. La justificación oficial del ajuste era la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes de la estructura de precios de la gasolina.
Semana señaló que el incremento que se iba a empezar a aplicar este mes era de $46 por galón, equivalente a una variación de 0,29 % frente a las tarifas de septiembre. La República informó, en cambio, que el incremento anunciado era de $47.
Más allá de la diferencia en la cifra, el hecho político ya está definido: el Gobierno decidió frenar un alza que habría presionado el gasto de transporte y el costo diario de millones de colombianos. En un país donde cada ajuste en combustibles termina filtrándose a precios, fletes y márgenes, la señal importa.
Capital busca reglas claras. Cuando el Estado cambia o revierte un precio regulado, la clave no es solo el alivio inmediato, sino la previsibilidad. Si el Ejecutivo quiere proteger al ciudadano sin castigar la inversión ni la cadena productiva, necesitará algo más que anuncios de coyuntura: una ruta clara, consistente y entendible para el mercado.
Por ahora, la lectura es simple: el Gobierno eligió contener el golpe al bolsillo. El desafío será demostrar que esa decisión no se limita a apagar un incendio, sino que abre una solución durable para el combustible y para la disciplina regulatoria que exige la economía.
