El capitán retirado de la Sijín Óscar Leandro Mojica Cordón declarará bajo juramento que Laura Sarabia ordenó practicar un polígrafo a Marelbys Meza. Así lo recoge el acta de principio de oportunidad suscrita el 2 de julio ante la Fiscalía 79 Delegada contra la Criminalidad Organizada. Un juez ya avaló el acuerdo.
Según el documento, todo comenzó el 29 de enero de 2023. Sarabia llamó por teléfono al entonces coronel Carlos Feria, jefe de su esquema de seguridad presidencial. En esa llamada, según la versión de Mojica, le ordenó cambiar la protección asignada y practicar el examen a Meza, su empleada doméstica, tras denunciar el robo de un maletín con dinero en su residencia.
Mojica era en ese momento jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá. Su presencia en el caso no fue casual. Según la Fiscalía, participó en la elaboración de informes falsos que sirvieron de sustento para obtener órdenes de interceptación telefónica. En esos documentos, Meza y otra persona fueron presentadas falsamente como integrantes de una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá.
La propia Sarabia había reconocido que contactó a Meza para que se trasladara al Palacio de Nariño. También admitió que facilitó su transporte en un vehículo de la seguridad presidencial y que la prueba fue practicada en instalaciones ubicadas en los sótanos frente a la Casa de Nariño.
El acuerdo con la Fiscalía suspende por doce meses la acción penal contra Mojica por el delito de violación ilícita de comunicaciones. A cambio, deberá testificar también contra el coronel Feria y el mayor Duván Andrés Muñoz Hernández. Feria enfrenta cargos por abuso de función pública y peculado por uso. Mojica continuará respondiendo por fraude procesal y falsedad en documento público.
Sarabia se desempeña actualmente como embajadora de Colombia en el Reino Unido.
Lectura editorial
El caso expone algo más que una irregularidad procesal. Muestra cómo el aparato estatal —vehículos, instalaciones, personal de inteligencia— puede ser redirigido para resolver asuntos privados de quienes lo controlan. Eso tiene un nombre: uso indebido de bienes públicos.
El mercado político colombiano ya está leyendo las consecuencias. Un testigo con principio de oportunidad, documentos alterados y una cadena de mando que llega hasta la seguridad presidencial. Capital busca reglas claras; lo que este expediente describe es lo contrario: reglas que se doblan según quién manda.
