Simón Calzadilla planteó a Dinorah Figuera que el presupuesto de la nación de 2027 sea discutido y aprobado en la Asamblea Nacional de 2015. La propuesta llegó durante un encuentro en el que también insistió en cambiar la directiva del Banco Central de Venezuela y en designar un contralor general de la República.
El secretario general nacional del Movimiento por Venezuela sostuvo que el BCV necesita nuevos integrantes «que garanticen su independencia del Ejecutivo y controlen la inflación». También dijo que el contralor debe estar facultado para vigilar «el uso honesto y adecuado de los recursos del Estado».
Calzadilla fue diputado, vicepresidente de la Asamblea Nacional de 2015 e integrante de su Comisión de Finanzas. Desde ese puesto, defendió que la instancia que dirige Figuera tiene «la posibilidad y el conocimiento para profundizar en este tema» y para que «el pueblo venezolano pueda saber en qué y cómo se van a gastar los recursos durante el año 2027».
La discusión no es menor. Habla de presupuesto, de control institucional y de quién vigila el dinero público. Cuando el presupuesto se convierte en una pieza técnica y no en una caja negra del poder, el contribuyente gana algo básico: trazabilidad.
También importa el mensaje sobre el Banco Central. Pedir un directorio «integrado por profesionales capacitados» y con independencia del Ejecutivo apunta a una regla elemental del mercado: sin autonomía monetaria, la inflación termina castigando el salario, el ahorro y la inversión.
En la lectura de fondo, la propuesta de Calzadilla pone sobre la mesa un principio que suele faltar en la política venezolana: reglas claras para el flujo de recursos y contrapesos reales sobre el gasto estatal. Para cualquier economía, eso no es un detalle institucional. Es la base mínima para recuperar confianza, productividad y margen para la libre empresa.
