La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció una nueva fase de su programa de cobro de vigencias anteriores. El aparato distrital contactará a 151.270 contribuyentes con obligaciones tributarias pendientes previas a 2025, con el objetivo de recuperar una cartera superior a 147.000 millones de pesos.
Los deudores recibirán comunicaciones por correo electrónico, mensaje de texto, correspondencia física y WhatsApp. En esos canales encontrarán instrucciones para regularizar su situación o solicitar facilidades de pago. Quienes no respondan se exponen a medidas coercitivas: embargo de cuentas bancarias y bienes.
La campaña abarca personas naturales y jurídicas con deudas en impuesto predial, vehículos, ICA, ReteICA, delineación urbana, sanciones, azar y espectáculos, información exógena y publicidad exterior. Según la Secretaría, la mora se concentra principalmente en el impuesto de vehículos y el predial.
«Invitamos a los contribuyentes que tienen obligaciones tributarias pendientes de vigencias anteriores a 2025 a ponerse al día con Bogotá. Cumplir con los impuestos evita embargos y, al mismo tiempo, fortalece las finanzas del Distrito», señaló Luis Fernando Granados, director de Cobro de la entidad.
La Secretaría advirtió además sobre fraudes que suplantan su identidad: el Distrito no solicita consignaciones a cuentas personales ni pagos por canales no autorizados.
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Desde Ágora Capital, la lectura es directa: cuando más de 150.000 contribuyentes acumulan cartera vencida por encima de $147.000 millones, el problema no es solo de recaudo; es una señal de que la presión tributaria supera la capacidad o la disposición de pago de una porción significativa de la base fiscal bogotana. El Distrito puede celebrar la eficiencia del cobro, pero la pregunta incómoda es cuánto de esa mora refleja impuestos que el contribuyente percibe como desproporcionados frente a los servicios que recibe.
El capital busca reglas claras y predecibles. Una administración que requiere campañas masivas de persuasión para cobrar tributos ordinarios envía una señal de debilidad institucional, no de fortaleza fiscal. El embargo como último recurso es legítimo; pero el primer recurso debería ser un entorno donde pagar sea más sencillo que deber. Ese es el estándar que Bogotá aún no alcanza.
