El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, encabezó este martes un seminario organizado por Marsh sobre minería y el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico, iniciativa que avanzó en la comisión de Medio Ambiente del Senado.
Mas describió el proyecto como el principal instrumento legislativo del gobierno bajo el mandato del Presidente José Antonio Kast para «recuperar la certeza y devolverle a Chile la épica del crecimiento». En ese marco, lanzó una pregunta que resume la ambición de la propuesta: «¿Por qué no soñar que en 2030 nuestra producción de cobre sea de 6 millones de toneladas?».
El contraste con el presente es marcado. Según Cochilco, la producción estimada para este año es de 5,3 millones de toneladas, una caída del 2% frente al año anterior. Mas atribuyó ese rezago a un período más amplio: «El Chile que recibimos arrastra 12 años de estancamiento económico. Crecimos al 2%, que fue bastante mediocre y adormeció nuestras capacidades productivas, paralizó proyectos y congeló la movilidad social de la clase media».
Lejos de instalarse en el diagnóstico, el biministro marcó tono: «No vinimos al gobierno a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores. El cambio es necesario y nosotros vinimos a actuar, con sentido de urgencia y con mucha convicción».
Sin embargo, el seminario también expuso vulnerabilidades técnicas del proyecto. El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, planteó la duda del sector respecto a qué parte de la renta de un proyecto nuevo o de expansión quedará sujeta a la invariabilidad tributaria contemplada en la iniciativa.
La respuesta más incisiva llegó de Ricardo Escobar, abogado tributarista y exdirector del SII durante el gobierno de Michelle Bachelet. Según Escobar, la norma «está bien intencionada, pero no está bien formulada». Señaló problemas concretos: el sistema contractual, la exigencia de escritura pública y la definición del monto de inversión. «El quién y el cómo requiere revisarse. Esa cuestión va a ser bien caótica si se mantiene en los términos en que está», afirmó.
Más grave aún, Escobar advirtió que «el gobierno se arriesga enormemente a que lo lleven al Tribunal Constitucional, porque estas normas son insuficientes» y no cumplen el principio de legalidad. Llegó al punto de señalar que, si fuera asesor de la oposición, «buscaría botar este proyecto por insuficiencia normativa».
Desde Ágora Capital, la lectura es clara: la dirección del proyecto apunta en el sentido correcto. Certeza jurídica, invariabilidad tributaria y desregulación son exactamente las señales que el capital minero necesita para comprometer inversiones de largo plazo. El mercado no financia proyectos de una década sobre la base de promesas; necesita reglas escritas con precisión quirúrgica. Las advertencias de Escobar no son un ataque ideológico al proyecto, son una alerta técnica que el gobierno haría bien en atender antes de que la oposición convierta un defecto de forma en un obstáculo de fondo. Capital busca reglas claras, y esa claridad todavía está pendiente en el texto.
