Berkeley, la primera ciudad de Estados Unidos en imponer un impuesto a las bebidas gaseosas y azucaradas hace más de una década, quiere duplicar la tasa aprobada en 2014. Hoy el gravamen es de un centavo por onza líquida, o 12 centavos por una lata de Coca-Cola.
La propuesta llega mientras se multiplican las dudas sobre el destino del dinero recaudado y sobre el control que ejerce el municipio. En paralelo, comerciantes de la ciudad dicen que ya enfrentan dificultades mientras los servicios básicos no se cubren y los campamentos de personas sin hogar siguen extendiéndose.
Una revisión financiera identificó irregularidades en Health Black Families, la principal beneficiaria del impuesto a las bebidas azucaradas de Berkeley. La organización ha recibido más de $2.2 millones en dinero de los contribuyentes desde que el impuesto entró en vigor.
Entre los hallazgos figuran cifras de compensación inconsistentes, gastos masivos sin explicación y cientos de miles de dólares en honorarios legales no aclarados. Gary Krausz, socio de la firma Gursey Schneider LLP, dijo que las declaraciones «muestran fallas repetidas en la contabilidad financiera básica». Un profesor jubilado de contabilidad que revisó los registros por separado las calificó de «incompetentes».
Health Black Families informó más de $300,000 en gastos misceláneos en 2024 —alrededor de un tercio del gasto total— sin el desglose requerido. En 2023, la entidad reportó casi $233,000 en gastos sin explicación. Krausz afirmó además que entre 2021 y 2024 la organización no reportó miembros votantes independientes en su junta, ni revisión de declaraciones fiscales, ni políticas escritas de conflicto de interés, denuncia interna o conservación de documentos.
La organización también declaró $247,285 en gastos legales en 2021 y $170,187 en 2022 sin explicar los casos subyacentes. Su directora ejecutiva, Wilhelmenia Wilson, percibe un salario de unos $120,000 y no respondió a pedidos de comentario. En los archivos fiscales, su nombre y cargo aparecieron mal escritos varias veces.
El Ayuntamiento de Berkeley tampoco respondió a preguntas sobre la revisión financiera, el monitoreo de subvenciones y las inquietudes sobre el uso del dinero público. Aunque muchos de los programas financiados con el impuesto se relacionan con alimentación saludable, cocina, jardinería y atención dental, otros desembolsos llaman la atención. Cinco subvenciones por $245,000 fueron a un programa para enseñar «habilidades para la vida» a jornaleros, y otros dos subsidios por casi $125,000 financiaron un proyecto llamado «Artistas contra la soda».
Mustafa Thotta, gerente de Middle East Market & Cafe y exoperador de una tienda 7-Eleven, dijo que los impuestos de Berkeley «se han salido de control» mientras la calle, la indigencia y el crimen siguen siendo problemas. Julian Cañete, presidente y director ejecutivo de la California Hispanic Chambers of Commerce, afirmó que el impuesto es «ineficaz» y que solo beneficia a las llamadas organizaciones sin fines de lucro.
Berkeley abrió la puerta a gravámenes similares en Oakland, San Francisco, Philadelphia y Seattle, pero las promesas de comunidades más sanas han derivado en disputas por el destino del dinero. En Oakland, asesores del impuesto acusaron a las autoridades de usar la recaudación para cubrir servicios municipales; y un análisis de SPUR en 2023 concluyó que Oakland y San Francisco trataron esos recursos como fondos operativos generales.
El mercado ya votó: cuando el Estado amplía un impuesto sin despejar dudas sobre su administración, la desconfianza sube con la misma velocidad que la carga para negocios y familias. Aquí el punto no es solo la soda; es el principio de que el dinero de los contribuyentes exige reglas claras, control real y resultados verificables.
Si Berkeley quiere más recursos, primero debe demostrar que sabe administrarlos. De lo contrario, el costo político y económico lo seguirán pagando quienes producen, venden y consumen en la ciudad.
