El aparato estatal chileno lleva 16 años administrando el cobro de deudas de Becas Chile con un sistema de transferencias manuales, pagarés notariales y mesas de ayuda. El resultado: $92 mil millones impagos y apenas $5.064 millones recuperados al 2 de agosto, equivalentes al 7,3% del total.
La cifra surgió de una revisión iniciada en abril por el Ministerio de Ciencia, encabezado por Lincolao, en conjunto con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). El proceso incluyó cruce de bases de datos, análisis de expedientes y revisión de sistemas de información. El diagnóstico identificó 1.666 personas en situación de incumplimiento.
Para dimensionar la magnitud, el propio ministerio comparó la deuda con el financiamiento aproximado de 7.500 subsidios habitacionales. Pero la alerta no se detiene ahí: la revisión también identificó una inversión actualmente en curso de $481 mil millones que, según el análisis de la cartera, podría ponerse en riesgo si persisten las debilidades del sistema de seguimiento y fiscalización.
De los $5.064 millones recuperados, $1.364 millones correspondieron a pagos directos, $3.622 millones a convenios suscritos con ANID y apenas $78 millones a procesos judiciales concluidos. En paralelo, 379 becas se encuentran involucradas en litigios por cerca de $15.100 millones.
El modelo actual exige que el deudor realice una transferencia bancaria, guarde el comprobante y lo suba mediante un ticket en una mesa de ayuda, donde un funcionario valida la operación de forma manual. Si el beneficiario busca un convenio de pago, debe firmar un pagaré ante notario —o ante un consulado si está fuera de Chile— y esperar su tramitación.
Frente a ese esquema, el Ministerio de Ciencia solicitó a la Tesorería General de la República (TGR) evaluar la posibilidad de asumir la cobranza. La alternativa contempla el uso del Botón de Pago del Estado, que permitiría consultar el monto adeudado y pagar en línea. Los antecedentes de ANID fueron remitidos a la Contraloría General de la República, y el proceso fue informado al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno en el marco de la Inspección Total del Ejecutivo.
Desde su creación, Becas Chile ha adjudicado 12.589 becas a 11.340 personas, con una inversión ejecutada de $688 mil millones. Según el diagnóstico presentado por Lincolao ante la Cámara de Diputados, el 33% de los beneficiarios ya cumplió sus obligaciones, mientras que el 46% se encuentra en período de gracia, retribución o mantiene beneficios vigentes.
La medida de transferir el cobro a la TGR está todavía en evaluación.
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Lo que estos números revelan es el costo concreto de confiar la administración de recursos públicos a una burocracia sin incentivos para recuperarlos. Dieciséis años de gestión manual produjeron una tasa de recuperación inferior al 8% y un pasivo que equivale a miles de viviendas sociales no construidas. El dinero de los contribuyentes financió formación de alto nivel; la pregunta que el Estado tardó demasiado en hacerse es quién responde cuando el beneficiario no cumple. Que la solución propuesta sea trasladar la tarea a otro organismo estatal —la TGR— en lugar de rediseñar los incentivos desde el origen del programa dice mucho sobre los límites del diagnóstico. Capital busca reglas claras; los programas públicos también las necesitan.
