El Gobierno argentino lleva este miércoles a la Cámara de Diputados dos proyectos que considera señales directas al mercado: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, conocido como Inocencia Fiscal II.
La reforma del BCRA: un solo mandato, sin emisión para el Tesoro
El proyecto central prohíbe de forma explícita el financiamiento directo e indirecto del Tesoro por parte del BCRA. Si se aprueba, la entidad no podrá realizar adelantos transitorios ni comprar títulos públicos en el mercado primario. El objetivo declarado es revertir la reforma kirchnerista de 2012, que amplió los mandatos del banco a cuatro objetivos —estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social— y que el oficialismo considera la puerta de entrada a décadas de emisión inflacionaria.
Bajo el nuevo esquema, el BCRA tendría un único mandato: preservar el valor de la moneda. Además, la remoción del presidente de la entidad y de los miembros del directorio exigiría acreditar «causal grave» y una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, lo que elevaría el costo político de cualquier intervención futura. Como carta de negociación, el oficialismo analiza «federalizar» el directorio con representantes por regiones, según reconocieron fuentes libertarias.
Inocencia Fiscal II: sin tope de ingresos ni patrimonio
El segundo proyecto amplía el régimen aprobado a fines del año pasado. El Ministerio de Economía reconoció que la versión original no fue exitosa y decidió reformarla. La nueva versión elimina los topes de ingresos anuales de $1.000 millones y de patrimonio de $10.000 millones: quedará abierta para todas las personas humanas sin importar su nivel de riqueza. La única excepción son los Grandes Contribuyentes, que no accederán a las presunciones ni a los efectos liberatorios.
El Gobierno estima que hay USD 179.000 millones fuera del sistema que podrían volcarse a la inversión. El proyecto también redefine la «discrepancia significativa»: ARCA solo podrá rechazar una declaración simplificada si la diferencia supera el 15% del impuesto y además alcanza el equivalente al 5% del mínimo de la Ley Penal Tributaria —actualmente $5 millones—. Ante una objeción, el contribuyente tendrá 15 días para corregir y conservar los beneficios.
Por presión de los aliados, tras el escándalo vinculado a Adorni, se incluyó una cláusula que permite a funcionarios de los tres poderes del Estado adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, pero no a la exteriorización de fondos no declarados.
La aritmética parlamentaria, el verdadero riesgo
Para asegurarse el quórum, el oficialismo abrió el temario a una docena de proyectos de la oposición dialoguista, la mayoría sin costo fiscal. Aun así, los aliados vienen endureciendo sus posiciones y las ausencias podrían ser determinantes en una sesión que se estima de hasta 16 horas. El Gobierno llega a esta instancia después del revés en el Senado, donde naufragaron las reformas de las leyes de tierras y de manejo del fuego.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, la reforma del BCRA es exactamente el tipo de ancla institucional que el capital externo exige antes de comprometer flujos de largo plazo: reglas claras, mandato único y remoción con mayoría calificada. La Inocencia Fiscal II, por su parte, apunta a convertir ahorro informal en inversión productiva, un mecanismo de mercado que no requiere gasto público. El riesgo no está en el diseño de las normas, sino en la aritmética de una coalición que el oficialismo aún no termina de consolidar.
