El canciller Pablo Quirno advirtió que las compañías que participen en operaciones de hidrocarburos en las islas Malvinas no podrán operar simultáneamente en Vaca Muerta. «Van a tener que decidir», afirmó en diálogo con Radio Mitre.
La restricción no se limita a las petroleras que intervengan directamente en los proyectos. Según Quirno, también alcanza a firmas de servicios financieros, logísticos, aseguradores o vinculados con la actividad energética. Confirmó que las empresas ligadas al proyecto Sea Lion podrían quedar imposibilitadas de operar en la cuenca argentina.
El Gobierno reglamentó la Ley 26.659 para agilizar los procedimientos sancionatorios. Los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que no incumplen ni incumplirán esa normativa. El decreto ya fue firmado y publicado en el Boletín Oficial, con el objetivo de aportar «celeridad» al proceso sancionatorio.
Quirno recordó que Navitas y Rockhopper ya están sancionadas por sus actividades en el archipiélago. A partir de un análisis oficial, se enviarán 180 notas de disuasión a empresas de 29 países. Una parte de esas comunicaciones irá dirigida a firmas israelíes vinculadas con los proyectos petroleros, aunque el canciller negó que esto afecte la relación bilateral: «No perjudica la relación argentino-israelí en lo más mínimo», dijo, y agregó que el embajador argentino en Israel ya fue informado.
Sobre el fondo del reclamo, Quirno fue directo: «Nuestra intención es no permitir justamente la explotación de hidrocarburos en las Malvinas». Citó una resolución de Naciones Unidas que impide decisiones unilaterales mientras no se resuelva la disputa de soberanía, y calificó de «absolutamente ilegales» las licencias otorgadas por el Reino Unido. «Nosotros no vamos a aceptar esta situación cruzados de brazos», cerró.
El funcionario resumió la disyuntiva que el Gobierno le plantea al capital internacional: operar «en Malvinas, en una zona disputada con una legalidad incierta», o «venir a la Argentina a hacer su negocio», donde —sostuvo— existen reglas claras, previsibilidad y oportunidades en distintos sectores.
Los números primero. Vaca Muerta ya es la formación no convencional que sostiene el superávit energético argentino y el ancla de buena parte del RIGI. Al condicionar el acceso a ese régimen con una declaración jurada sobre Malvinas, el Gobierno convierte la soberanía en una variable de riesgo país explícita para cualquier operador con intereses en las islas.
El mercado ya votó con los pies en casos similares: cuando las reglas son claras y la disyuntiva es binaria, el capital reasigna posiciones sin ambigüedad. La apuesta de Milei es que el tamaño de Vaca Muerta —y no la cuenca disputada frente a las islas— sea el imán que decida del lado argentino a proveedores, aseguradoras y bancos internacionales.
