El Senado argentino debatirá este jueves la llamada Ley de Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno, que modifica las reglas sobre expropiaciones, desalojos y límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa ya encendió el debate parlamentario antes de llegar al recinto.
La senadora Nadia Márquez, del bloque La Libertad Avanza, defendió el proyecto con argumentos constitucionales. Citó el artículo 17 de la Constitución Nacional —«nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una sentencia y con una indemnización previa»— y el artículo 124, que establece que los recursos naturales son de las provincias. «El dominio originario de los recursos naturales es de las provincias. No hay forma de que alguien robe los recursos naturales», afirmó. Para Márquez, la ley crea condiciones jurídicas, económicas y fiscales que atraen inversiones: «Tenemos que generar condiciones para que las inversiones estén en Argentina, porque es la única forma de generar trabajo genuino».
Enfrente, la senadora Florencia López, del bloque Unión por la Patria por La Rioja, calificó la norma de cesión territorial. «Con esta ley podrías entregarle absolutamente todas las tierras rurales a los extranjeros», sostuvo, y alertó sobre antecedentes en su provincia donde, según ella, se vendieron tierras junto con recursos hídricos y bienes comunitarios a inversores foráneos. López también cuestionó el trato fiscal diferenciado: «A una PYME le estás sacando todos los impuestos, y a uno que venga a invertir le bajaste totalmente el impuesto. Están generando una competencia desleal». Agregó cifras sobre el contexto productivo: «Tenemos 480 empresas menos, más de 4 mil puestos de trabajo menos y con la construcción tenemos 14 mil».
El debate también incluyó una disputa procedimental: López denunció que el dictamen fue modificado 17 veces tras su firma. Márquez respondió que las enmiendas son reglamentarias y propias de la dinámica parlamentaria.
Sobre el impacto económico, Márquez sostuvo que «cuando gana la Argentina, ganamos todos», mientras López afirmó que la ley «beneficia a los amigos de Sturzenegger, a los amigos de Caputo», y señaló que ningún artículo obliga a los compradores extranjeros a invertir o generar empleo.
Márquez contraargumentó con datos históricos: «Antes del 2011 no se compró todo y después del 2011 tampoco se compró todo», en referencia a la ley de tierras vigente desde ese año.
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El mercado ya votó sobre qué frena la inversión en Argentina: la inseguridad jurídica, no la apertura. Décadas de expropiaciones arbitrarias, procesos de desalojo interminables y restricciones discrecionales ahuyentaron capital productivo y empleo real. Que el oficialismo ancle el debate en el artículo 17 de la Constitución —la inviolabilidad de la propiedad— es exactamente el marco correcto: la propiedad privada robusta no entrega soberanía, la financia.
Los argumentos de la oposición merecen una respuesta de fondo, no de eslogan. Si el riesgo real es la concentración sin obligación de invertir, la solución es afinar los requisitos productivos dentro de un marco de libre empresa, no bloquear el ingreso de capital. Proteger al pequeño productor con muros regulatorios que expulsan a todos los inversores es una receta probada: más pobreza, menos empleo y tierras que de todas formas no producen.
