Lo que muchos leyeron como táctica de negociación se consolidó como política estructural. La semana pasada entraron en vigor nuevos aranceles bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, tras una determinación del USTR: 60 economías no han prohibido —o no hacen cumplir la prohibición de— importar bienes producidos con trabajo forzoso.
La lista no distingue entre rivales y aliados. Las 54 economías señaladas por no imponer dicha prohibición incluyen a Japón, Reino Unido y Corea del Sur, junto a China, India y Brasil. Otras seis —México entre ellas— fueron identificadas por no hacer cumplir efectivamente prohibiciones que ya existen en su propia legislación. El señalamiento es preciso: la norma existe; la aplicación, no.
Las tasas varían según el perfil regulatorio. Un arancel flat del 10% recae sobre 17 economías, incluyendo a los socios del T-MEC. Para la UE, Japón, Corea del Sur y Suiza se aplica un esquema del 10% o 12.5% sobre la base del arancel de nación más favorecida. Las demás economías investigadas enfrentan un arancel del 12.5%.
Quedan excluidos los productos ya sujetos a aranceles de la Sección 232 —acero, aluminio, cobre, vehículos y semiconductores— y aquellos que califican para tratamiento libre bajo el T-MEC. Esta última exención genera un incentivo directo para que las empresas mexicanas fortalezcan el cumplimiento de reglas de origen.
El impacto llega directo a los márgenes. Las empresas que dependen del mercado estadounidense como destino principal deben asumir compresión de utilidades a menos que sus bienes califiquen bajo alguna de las exenciones. Los consejos de administración enfrentan la disyuntiva entre diversificar mercados o invertir en trazabilidad de cadenas de suministro. Ambas opciones exigen recursos y planificación.
Entre las medidas concretas que analistas señalan como urgentes figuran el mapeo de proveedores con documentación de origen e insumos, la sustitución de componentes de terceros países por alternativas norteamericanas, la exploración de mercados en la UE, Asia-Pacífico y Latinoamérica, y la revisión de contratos con compradores estadounidenses para definir quién absorbe el costo arancelario.
México, Canadá y los países de la UE han oscilado entre la retaliación arancelaria, la negociación bilateral y la búsqueda de nuevos mercados. Según el análisis de Juan Carlos Machorro en El Financiero, esta dinámica podría resultar «paradójicamente contraria a los intereses de largo plazo de EU».
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Desde Ágora Capital, el diagnóstico es claro: el déficit comercial dejó de ser un dato para convertirse en argumento político permanente, y las empresas que no lo lean así pagarán el costo en sus estados de resultados. La exención T-MEC es, en este contexto, la señal más valiosa del tablero: capital busca reglas claras, y México tiene una ventana abierta siempre que su aparato regulatorio demuestre que sus propias leyes no son letra muerta. El riesgo no es solo arancelario; es de credibilidad institucional.
