La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) encendió una señal de alerta. El gremio advirtió sobre un «progresivo retroceso en la calidad de la democracia» y el debilitamiento de los contrapesos del poder. El diagnóstico es directo: esos factores erosionan la capacidad de Panamá para atraer inversión de largo plazo y sostener la estabilidad social.
Apede estructuró su propuesta en cuatro pilares. Primero, seguridad jurídica y Estado de Derecho. Segundo, libertad económica y desburocratización. Tercero, transparencia y fortalecimiento institucional. Cuarto, sostenibilidad y transición ecológica. Sin esos cimientos, el resto es retórica.
El exceso de trámites ocupa un lugar central en el análisis. Según el gremio, la burocracia limita la iniciativa privada y reduce la competitividad del país. La solución que plantea Apede es concreta: simplificar procesos para facilitar la inversión, el emprendimiento y la generación de empleo formal. Capital busca reglas claras; el aparato estatal, cuando estorba, lo aleja.
La presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, amplió el mapa de desafíos. Panamá debe atender las deficiencias en acceso al agua potable y otros servicios públicos. También debe cerrar brechas de infraestructura física y digital. La modernización educativa frente al avance de la inteligencia artificial aparece como urgencia adicional. Y la integración económica de las regiones del país completa el cuadro.
En el plano externo, De Sanctis subrayó la necesidad de consolidar a Panamá como un centro logístico y financiero confiable. Eso pasa, según el gremio, por avanzar hacia la salida definitiva de listas discriminatorias internacionales. La confianza exterior no se decreta; se construye con instituciones que funcionan y reglas que se respetan.
«Las propuestas están sobre la mesa y el desafío ahora es convertirlas en realidad», afirmó Apede.
Desde Ágora Capital, el mensaje de Apede llega en el momento preciso. El gobierno de Mulino heredó una economía con activos reales —el Canal, la logística, la plaza financiera— pero también una reputación institucional deteriorada. Reducir burocracia y fortalecer el Estado de Derecho no son consignas ideológicas; son condiciones mínimas para que el flujo de inversión extranjera se sostenga. El mercado ya votó en otras plazas cuando Panamá apareció en listas grises. Recuperar ese terreno exige más que buenas intenciones: exige reformas medibles, plazos y rendición de cuentas. El gremio puso el diagnóstico sobre la mesa. Ahora la pregunta es si el poder ejecutivo tiene la voluntad política de actuar.
