Las empresas de Antioquia registraron ingresos operacionales por $259,1 billones y activos por $335,02 billones durante 2025, según el Estudio Empresarial Regional 2026 presentado por la Superintendencia de Sociedades en Cartagena.
Esas cifras representan el 17,38% de los ingresos operacionales y el 16,75% de los activos reportados por las 29.133 sociedades incluidas en el estudio a nivel nacional.
El universo completo del informe arroja ingresos operacionales por $1.490,4 billones, activos por $2.000,1 billones, utilidades netas por $91,6 billones y un patrimonio superior a $1.084,1 billones.
El sector comercio mantuvo el liderazgo en generación de ingresos con una participación cercana al 40,5% del total nacional. El sector servicios se consolidó como el principal generador de utilidades y el macrosector con mayor volumen de activos. Las pequeñas empresas observaron el mayor margen neto de rentabilidad entre los distintos tamaños analizados.
La superintendente encargada, Nini Johanna Castañeda, señaló que el estudio busca «convertir la información empresarial en una herramienta para fortalecer la competitividad y orientar las decisiones de inversión y política pública».
Más allá de las grandes sociedades, un análisis de Anif sobre las mipymes antioqueñas revela un perfil marcado por la formalización, el emprendimiento basado en oportunidades de negocio y una mayor estabilidad laboral. El estudio destaca altos niveles de formalidad, mayor contratación mediante vínculos laborales permanentes y uso creciente de herramientas digitales para pagos. Sin embargo, los empresarios siguen enfrentando desafíos relacionados con el aumento de los costos de producción y las expectativas frente a la reforma laboral.
En cuanto al perfil directivo, el 59,2% de los empresarios de mipymes encuestados en Antioquia son mujeres, una de las proporciones más altas del país, solo superada por Atlántico con 62,3%.
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Los números de Antioquia ilustran una verdad incómoda para el oficialismo en Bogotá: donde la libre empresa opera con reglas relativamente estables, el capital se acumula, se formaliza y genera empleo permanente. El departamento no llegó al 17% de los ingresos nacionales por decreto ni por gasto público; llegó por una cultura empresarial que premia la formalidad y la inversión privada.
El riesgo real no está en los balances de 2025, sino en el horizonte regulatorio. Cada punto de presión sobre los costos laborales —reforma incluida— erosiona el margen que hace rentable la formalización. Capital busca reglas claras, y Antioquia lo sabe mejor que nadie.
