La competencia entre taxis tradicionales y plataformas de movilidad volvió a poner sobre la mesa una vieja discusión en Colombia: cuánto cuesta la regulación y quién termina pagando esa factura.
José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In, gremio que reúne a plataformas digitales, dijo en Blu Radio que en Colombia es urgente «desregular el taxismo». Su tesis es que los taxistas enfrentan trámites y requisitos que los vuelven menos competitivos frente a conductores que prestan servicios mediante aplicaciones en vehículos particulares.
Entre las obligaciones que mencionó están la expedición de certificados técnico-mecánicos con mayor frecuencia y la renovación anual de la licencia de conducción. Según López, revisar esos requisitos permitiría reducir costos y barreras de entrada en el sector.
La propuesta llega en medio de una nueva discusión legislativa sobre el transporte mediante plataformas digitales. El representante a la Cámara Daniel Briceño impulsa iniciativas relacionadas con las garantías de los conductores durante los controles de tránsito, la regulación de las aplicaciones y las condiciones del servicio de taxi.
Alianza In sostiene que el debate no debería limitarse a imponer nuevas exigencias a quienes trabajan con aplicaciones. López planteó que la nivelación de las condiciones debe contemplar tanto las reglas para las plataformas como las obligaciones que recaen sobre los taxistas.
El dirigente también citó cifras sobre la magnitud del mercado. Aseguró que cada año se registran 21,5 millones de cuentas de usuarios que se movilizan mediante plataformas con vehículos particulares y cerca de 1,2 millones de cuentas de conductores que prestan esos servicios. Añadió que alrededor de 200.000 cuentas de taxistas utilizan aplicaciones para conseguir viajes.
Para el gremio, esa participación muestra que las plataformas no necesariamente son vistas como rivales por todo el sector amarillo, sino también como una herramienta para generar ingresos y conseguir pasajeros. López dijo que muchos taxistas que alquilan un vehículo o lo compran con esfuerzo no ven en la plataforma un enemigo, sino un medio de generación de ingresos y de viajes seguros.
En paralelo, Briceño también impulsa cambios para el servicio de taxi. Entre las medidas mencionadas están permitir que los taxistas accedan a tarifas dinámicas y modificar las reglas de homologación para que puedan utilizarse vehículos distintos a los modelos tradicionales predominantes en el sector. Otra propuesta busca revisar los procedimientos con los que las autoridades verifican si un vehículo particular presta transporte a través de una aplicación, con garantías frente a la revisión de teléfonos celulares y el interrogatorio a pasajeros.
El trasfondo económico es claro: cada trámite, cada obligación y cada barrera de entrada pesa sobre el margen del taxista y sobre la capacidad del servicio para competir. Cuando la burocracia encarece la operación, el mercado responde con menos oferta formal y con más incentivos para buscar atajos.
Capital busca reglas claras. Si el Congreso quiere ordenar esta actividad, la discusión no puede quedarse solo en controlar a las plataformas. También debe preguntarse cuánto del rezago del taxi proviene de un aparato regulatorio que castiga productividad, encarece el servicio y termina trasladando costos al usuario final.
