La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización empresarial de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. tras verificar que la propuesta obtuvo el respaldo del 99,569% de los votos emitidos por los acreedores, porcentaje que supera ampliamente las mayorías exigidas por la Ley 1116 de 2006.
Las audiencias determinantes se realizaron el 3 y el 10 de julio de 2026, poniendo fin a la etapa central del proceso de insolvencia que la Superintendencia inició de oficio en marzo de 2025, cuando determinó que la empresa atravesaba una situación financiera compleja que hacía necesario preservarla como unidad productiva.
El pasivo reorganizable asciende a $647.346 millones, según confirmó la Superintendencia. Con corte a septiembre de 2025, la compañía registraba activos por COP$1,3 billones y pasivos totales por COP$860.557 millones, cifras que sustentaban la necesidad del proceso.
El acuerdo contempla un esquema estructurado que respeta la prelación legal de créditos, un plan de negocios con proyecciones de flujo de caja, restricciones a la distribución de utilidades y un seguimiento permanente por parte de un Comité de Acreedores.
Nini Johanna Castañeda Quintero, superintendente de Sociedades (e), afirmó que «la confirmación del acuerdo evidencia la efectividad del régimen de insolvencia empresarial para alcanzar soluciones concertadas entre deudor y acreedores, incluso en procesos de alta complejidad». La funcionaria agregó que la entidad continuará verificando el cumplimiento de los compromisos «bajo criterios de legalidad, transparencia y equidad».
Monómeros, con sede en Barranquilla, es una de las principales empresas del sector petroquímico y de fertilizantes del país. Su operación es considerada estratégica para la cadena de suministro del sector agrícola colombiano.
El proceso ocurre además en un contexto de disputa sobre la propiedad de la compañía. Según Bloomberg Línea, en abril de este año el entonces ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que el gobierno venezolano ya no tendría interés en vender la empresa debido a la creciente importancia estratégica de los fertilizantes a nivel global. El gobierno colombiano había adelantado conversaciones con Venezuela para evaluar una eventual adquisición y llegó a firmar un acuerdo de confidencialidad para intercambiar información financiera.
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El resultado habla por sí solo: cuando las reglas del juego son claras y los mecanismos institucionales funcionan, el capital y los acreedores prefieren la negociación a la liquidación. Un respaldo del 99,6% no es consenso político; es señal de que el plan de negocios y las proyecciones de flujo de caja resultaron creíbles.
Lo que sigue importa tanto como el acuerdo mismo. La restricción a la distribución de utilidades y la vigilancia del Comité de Acreedores son los instrumentos que convertirán el papel firmado en disciplina financiera real. Para una empresa cuya propiedad sigue siendo disputada entre Bogotá y Caracas, la estabilidad operativa y la transparencia contable no son detalles administrativos: son la única garantía de que el suministro de fertilizantes para el agro colombiano no quede rehén de la política exterior.
