El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció la puesta en marcha del Fondo Milagro para administrar los recursos destinados a la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto registrado el 10 de agosto de 2026. El fondo inicia operaciones con una asignación presupuestal de $1 billón de pesos.
De la Espriella confirmó que la disposición de ese primer paquete de dinero comenzará el miércoles 7 de octubre, en forma directa, con destino a la reparación y construcción de viviendas, colegios, centros médicos, vías, acueductos e infraestructura básica dañada en las zonas de emergencia.
Durante la presentación al término del Consejo de Ministros, el mandatario ratificó que la gerencia general del organismo estará a cargo del empresario Jaime Uribe. También oficializó los nombres de las personas que integrarán el consejo directivo responsable de supervisar la ejecución de los recursos.
La junta quedó conformada por la empresaria Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; el empresario Arturo Calle; y Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia.
Según De la Espriella, la instrucción a la gerencia y a la junta es garantizar el manejo riguroso de cada partida presupuestal, evitando sobrecostos y trámites innecesarios. «Cada peso se cuida y cada peso tiene que llegar a donde realmente se necesita», dijo. Añadió que «no habrá intermediarios, no habrá despilfarro ni negocios con la tragedia del pueblo colombiano».
El presidente también recalcó que la prioridad es ejecutar las obras y cumplirle a los afectados. «Se acabaron los anuncios, ahora viene lo verdaderamente importante: ejecutar, reconstruir y cumplirle a todos los colombianos que se han visto afectados por esta tragedia», afirmó.
A través de los canales oficiales de comunicación del movimiento político del presidente, se reiteró que la meta central será acelerar las obras físicas en las poblaciones golpeadas. En esa comunicación se insistió en que los recursos llegarán «sin intermediarios, sin despilfarro y sin negocios con el dolor del pueblo».
El Gobierno agregó que habrá monitoreo permanente sobre la contratación pública y los giros de dinero de la reconstrucción. Además, en el Consejo de Ministros se trataron medidas en seguridad, infraestructura, consulta previa, salud del magisterio y sector energético.
En el frente del orden público, la administración dispuso una intervención prioritaria en Cauca para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto armado. También anunció mecanismos normativos para agilizar los trámites de consulta previa con comunidades étnicas, con el fin de destrabar proyectos clave de desarrollo estratégico y acelerar obras sin parálisis administrativa.
El Ejecutivo también abordó fallas operativas en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, para corregir problemas en la prestación de servicios médicos a los educadores y estabilizar la atención del sistema de salud pública. En paralelo, fijó acciones para enfrentar la crisis de liquidez y generación en el sector energético y prevenir desabastecimientos de energía eléctrica.
La apuesta oficial parte de una premisa correcta: cuando el dinero público entra directo, con control y sin intermediarios, hay más margen para que rinda. En reconstrucción, la velocidad y la disciplina del gasto importan tanto como el monto.
Pero el verdadero examen no está en el anuncio, sino en la ejecución. Si el Fondo Milagro logra convertir $1 billón en viviendas, vías y servicios básicos sin sobrecostos, el mensaje será claro: menos burocracia y más resultados. Si no, el costo lo pagarán otra vez los contribuyentes y las comunidades que siguen esperando obras.
