El Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez, en Colón, apenas movilizó 285 personas entre enero y mayo. En ese mismo período registró 1.598 operaciones aéreas. La mayoría correspondió a carga, aviación privada y aviación general. Ninguna fue vuelo comercial.
Con ese telón de fondo, la Zona Libre de Colón (ZLC) presentó una propuesta formal durante el Gabinete Logístico celebrado el 23 de julio en el puerto de Cristóbal. La ZLC quiere asumir la administración y el control de esa terminal.
Dovi Eisenman, presidente de la Cámara de Comercio de la ZLC, confirmó el planteamiento el 25 de julio. El argumento central es el desarrollo del área Newfield. Se trata de más de 280 hectáreas recuperadas contiguas al aeropuerto. Eisenman señaló que el proyecto «puede generar mucho flujo logístico y también de pasajeros, aprovechando el puerto de cruceros y otras atracciones».
El traspaso no pasaría por licitación. «Este proceso no requiere una licitación, sino una decisión de la administración del propio Gobierno sobre si transfiere o no la terminal aérea a la Zona Libre de Colón», precisó Eisenman. El aeropuerto está actualmente bajo la administración de Tocumen, S.A.
Tocumen, por su parte, tiene su propia visión para Colón. La gerencia estudia crear un área logística aeronáutica. El plan incluye reparación de aeronaves e instalación de hangares. Ambas propuestas coexisten sin resolución oficial.
En paralelo, Tocumen S.A. avanza hacia la concesión de los aeropuertos de David y Río Hato. El modelo elegido es O&M (Operación y Mantenimiento), una asociación público-privada. El objetivo es entregarlos a sus operadores en enero de 2027.
Para Ágora Capital, la propuesta de la ZLC ilustra un principio que los números confirman: la gestión privada especializada produce resultados donde el aparato estatal acumula ociosidad. Un aeropuerto que en cinco meses no registró un solo vuelo comercial es, en términos de retorno, un activo sin capitalizar. Newfield representa una oportunidad real de flujo logístico. Transferir la terminal a quien ya opera el ecosistema comercial adyacente tiene lógica de mercado.
El modelo O&M que avanza en David y Río Hato apunta en la misma dirección. Capital busca reglas claras y activos productivos. Panamá tiene la infraestructura. La pregunta es si el Gobierno de Mulino tomará la decisión o dejará que la burocracia dilate otro ciclo.
