Abelardo de La Espriella responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por la «crisis fiscal del país» y presentó un presupuesto de $635 billones para 2027 que, según dijo, busca corregir un deterioro heredado en las finanzas públicas.
En una alocución dirigida a los colombianos el domingo 13 de septiembre, el mandatario afirmó que recibió unas finanzas públicas «en un estado lamentable» y sostuvo que la situación no fue un accidente ni el resultado de factores externos. Atribuyó el problema al gasto, el endeudamiento y la «corrupción» de la administración anterior.
De la Espriella dijo que, durante los primeros días de su gobierno, ya había advertido que el petrismo había comprometido $10 billones que no estaban destinados a inversión u obras. También aseguró que el servicio de la deuda se duplicó en una década: Colombia pasó, según su versión, de destinar uno de cada seis pesos de sus ingresos tributarios al pago de deuda a cerca de uno de cada tres.
El mandatario señaló además que el cupo de endeudamiento previsto para financiar 2026 fue utilizado casi por completo en los primeros siete meses del año y que en agosto ya se había ejecutado alrededor del 97%. A su juicio, ese mayor endeudamiento no se reflejó en más obras, infraestructura, servicios o una economía más fuerte. Por el contrario, sostuvo que el crecimiento de los últimos años vino acompañado por más gasto público, contratos y burocracia, mientras la inversión se redujo.
El Gobierno presentó el llamado «Presupuesto de la verdad», por un valor de $635 billones para 2027. De ese total, $281 billones, equivalentes al 44% del presupuesto, provendrán de deuda, mientras cerca de $300 billones corresponderán a ingresos corrientes. El servicio de la deuda ascenderá a $155 billones en 2027, unos $55 billones más que en 2026.
La magnitud del gasto financiero implica, según las cifras entregadas por el propio presidente, que por cada $100 del presupuesto aproximadamente $24 se destinarán al pago de la deuda y $14 quedarán para inversión. De La Espriella también defendió la incorporación de obligaciones que, según afirmó, habían quedado desfinanciadas en el presupuesto anterior: $6,5 billones adicionales para pensiones, $2 billones para salud y $700.000 millones para universidades públicas.
El mandatario cuestionó además que el proyecto presupuestal anterior no incorporara todas las obligaciones del Estado ni reflejara adecuadamente el peso de la deuda. Señaló que en 2024 los ingresos por impuestos fueron $71 billones inferiores a los estimados, mientras el Estado siguió ejecutando gasto con base en recursos que no ingresaron.
Otra crítica apuntó a la estructura del gasto público. De La Espriella afirmó que existen cerca de 60 fondos especiales que dispersan recursos en numerosas cuentas y conceptos, lo que dificulta identificar dónde está el dinero, cómo se usa y qué resultados produce. A su juicio, esa dispersión, junto con controles deficientes, facilita el despilfarro y la corrupción.
El presupuesto contempla un esfuerzo de austeridad cercano a $17,4 billones. El ajuste incluye cerca de $13 billones menos en otras transferencias, cerca de $3 billones menos en compras de bienes y servicios y $2,5 billones menos en proyectos de inversión considerados no prioritarios.
También anunció medidas para eliminar obstáculos, agilizar trámites, movilizar la banca de fomento, utilizar garantías y promover asociaciones entre el sector público y el privado. La apuesta, dijo, es recuperar proyectos empresariales y generar empleo, construcción, infraestructura y nuevas oportunidades. «Colombia necesita volver a crecer y para crecer necesitamos inversión privada», afirmó.
Por la gravedad de la situación fiscal, el presidente dijo que su gobierno contempla apoyos internacionales y que Colombia debe usar las herramientas disponibles para recuperar su capacidad de acción.
La lectura de fondo es clara: cuando el Estado gasta más de lo que recauda, el costo termina en deuda, más presión sobre el presupuesto y menos espacio para inversión productiva. El mercado ya votó: sin reglas claras, disciplina fiscal y menor burocracia, el capital privado no aparece por decreto.
En ese sentido, el ajuste de De La Espriella beneficia a la inversión y al contribuyente si logra frenar el deterioro de las cuentas. Lo contrario sería seguir alimentando un aparato estatal más caro, con menos retorno y menos margen para el crecimiento.
