Los números primero. Una empresa vinculada al empresario Alejandro Betancourt obtuvo la explotación de 17 campos petroleros venezolanos con reservas estimadas en 65 mil millones de barriles, con un horizonte de explotación de un siglo, según reporta la columna de Óscar Mario Beteta publicada en El Financiero.
El acuerdo concede a Washington una participación accionaria del 35% en la estructura corporativa que administrará esos activos, además de acceso preferente a parte de la producción y derechos estratégicos sobre el resto del crudo extraído. La operación, en paralelo, desplaza a operadores chinos y rusos que durante años ocuparon posiciones privilegiadas dentro de la industria petrolera venezolana.
El contexto no es menor. Tras seis meses de guerra con Irán, el equilibrio energético global quedó alterado y las rutas de suministro internacional se vieron afectadas. El Estrecho de Ormuz llegó a transportar cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, y cualquier interrupción en esa zona repercute de inmediato en precios e inflación, según la columna citada.
En ese escenario, Venezuela aparece como reserva estratégica: posee algunas de las mayores reservas probadas del planeta y se ubica a pocos días de navegación de las refinerías del Golfo de México. La política detrás de la operación fue bautizada como Doctrina Donroe, orientada, según el autor, a reducir espacios de influencia para gobiernos alineados con rivales de Estados Unidos y a fortalecer la presencia norteamericana en el Caribe y América Latina.
No todo es consenso. Críticos citados en la columna hablan de intervencionismo y algunos denuncian una nueva forma de colonialismo económico; especialistas del sector han cuestionado, según el mismo texto, aspectos jurídicos y operativos del proyecto. El propio columnista describe a Betancourt como «testaferro de EU en Venezuela», una caracterización que corresponde a su análisis y no a una acusación documentada por otra fuente.
El mercado ya votó con los hechos: un gobierno que durante dos décadas vio avanzar a Pekín y Moscú en su propio hemisferio decidió recuperar terreno mediante un instrumento clásico —participación accionaria y acceso preferente a un recurso— antes que mediante sanciones o diplomacia pasiva. Que la contraparte sea una figura con antecedentes cuestionados no es un detalle menor para quien piensa en riesgo país y reglas claras de propiedad.
Capital busca previsibilidad, y en Venezuela la previsibilidad ha sido escasa durante años de control estatal y aislamiento de inversión extranjera seria. Que Washington entre con participación directa y derechos sobre la producción es, ante todo, una apuesta geopolítica; su rentabilidad y legitimidad dependerán de cuánta transparencia acompañe a un contrato que, por ahora, genera tantas preguntas como titulares.
