El senador independiente Matías Walker intensificó la presión sobre el Ejecutivo chileno para que incluya un veto aditivo en la ley de reconstrucción de la Región de Coquimbo, golpeada por un sistema frontal. La cifra que maneja el legislador no es menor: entre 400 y 500 millones de dólares.
Walker fue explícito en radio Duna: «Tienen que ser recursos frescos, tienen que ser recursos extraordinarios, no pueden salir de los mismos recursos del gobierno regional, que se están destinando a otras cosas». La distinción importa. Reasignar fondos existentes es contabilidad creativa; financiamiento nuevo es compromiso real.
El senador aclaró que la iniciativa no es una posición personal. Parlamentarios y alcaldes de la región han suscrito conjuntamente la petición, lo que le da peso político a la demanda. «Esto no es una moneda de cambio del senador Matías Walker», subrayó.
En paralelo, Walker anticipó una reunión esta semana con el ministro de Hacienda para reforzar la postura de la bancada regional. El calendario aprieta: el gobierno tiene previsto introducir un veto a la ley de reconstrucción, y el texto también enfrenta un «tercer tiempo» en el Tribunal Constitucional, con presentaciones tanto de la oposición como del propio Ejecutivo, que reservó la constitucionalidad de algunos artículos.
Entre las prioridades que el legislador identifica figuran la conectividad —puentes en primer lugar—, los canales de riego y los daños al sector pisquero. Walker cuestionó la declaración del ministro de Agricultura, quien según la fuente afirmó que los canales «no tuvieron daño». «Sí tuvieron daño, lo dijeron los pisqueros de nuestra región», respondió el senador.
El plazo que Walker considera inaceptable es claro: postergar la decisión hasta la Ley de Presupuesto 2027. «Lo peor para la Región de Coquimbo sería esperar», advirtió.
La lectura de Ágora Capital. Lo que está en juego no es solo una cifra de reconstrucción: es el principio de que el gasto de emergencia debe ser transparente y adicional, no un juego de manos presupuestario. Cuando el Estado reasigna recursos ya comprometidos, alguien más pierde sin que nadie lo vote. La exigencia de «recursos frescos» es, en el fondo, una demanda de honestidad fiscal.
El mercado regional —pisqueros, agricultores, empresas de conectividad— no puede planificar inversión sobre promesas vagas. Capital busca reglas claras, y la reconstrucción de infraestructura crítica es exactamente el tipo de gasto público que, bien ejecutado y bien financiado, reduce el riesgo país subnacional. La pregunta es si el Ejecutivo llegará a la reunión con Hacienda con números o con evasivas.
