El Comité Judicial del Senado pospuso esta semana la votación para avanzar la nominación de Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos. La demora, confirmada en el sitio web del propio comité, refleja la resistencia de dos senadores republicanos: John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte.
El portavoz del senador Chuck Grassley, presidente republicano del comité, explicó que la reunión se aplaza mientras «continúa el trabajo para asegurar el apoyo suficiente» a la candidatura de Blanche. Grassley señaló que Cornyn y Tillis exigen «garantías escritas» del Departamento de Justicia sobre dos asuntos concretos.
El primero: el acuerdo entre la administración Trump y el IRS, que según Cornyn otorgaría al presidente, sus hijos y otras personas una amplia inmunidad frente a auditorías fiscales. El segundo: el llamado «fondo anti-weaponization» de 1.776 millones de dólares, diseñado para compensar a personas que alegan haber sido objeto de persecuciones federales con motivación política. Blanche declaró ante el Congreso que ese fondo estaba «muerto», pero los dos senadores reclaman que el DOJ lo confirme por escrito.
Cornyn fue directo ante los medios: «No he visto ni un solo documento escrito que responda a lo que he solicitado. Quizás creen que voy a rendirme o simplemente ceder, pero están equivocados». El DOJ, por su parte, indicó a la agencia Associated Press que tiene intención de seguir trabajando «de forma productiva con los senadores para abordar cualquier inquietud».
Desde el Despacho Oval, Trump descartó que la confirmación estuviera en riesgo y calificó a Blanche de «extraordinario», añadiendo que «no encontrarías una mejor persona». El presidente también lanzó una pulla a Cornyn, sugiriendo que su resistencia se debe a que no lo respaldó en las primarias del Partido Republicano de Texas —Trump apoyó al procurador general Ken Paxton, quien ganó la primaria en mayo—. Cornyn rechazó esa lectura: «Creo que es una excusa conveniente para no cooperar con el papel apropiado del comité de confirmación».
La situación pone de relieve una tensión real dentro del bloque republicano en el Senado: la Casa Blanca avanza acuerdos con consecuencias fiscales y legales de gran alcance, y al menos dos legisladores de su propio partido exigen que el aparato estatal rinda cuentas por escrito antes de validar al funcionario encargado de ejecutarlos.
Desde Ágora Capital, el episodio ilustra un principio elemental: las instituciones de control —incluso dentro del mismo partido— cumplen una función cuando el poder ejecutivo mueve fondos públicos de magnitud y otorga inmunidades de largo alcance. Un fondo de casi 1.800 millones de dólares del contribuyente no debería existir ni desaparecer por declaración verbal. Que dos senadores exijan papel y firma no es obstrucción; es el mínimo de transparencia que el libre mercado y el Estado de derecho requieren de cualquier gobierno.
