El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) mantiene activo el proceso de identificación de las víctimas de los terremotos en Venezuela mediante registros odontológicos y huellas dactilares. Así lo confirmó Davenio Velásquez, presidente de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria (Asoproinfu), en una entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias.
El número oficial de fallecidos asciende a 3.889, según cifras publicadas por El Nacional, con 16.740 heridos reportados. La magnitud de las bajas desbordó la capacidad instalada en La Guaira: ante el elevado volumen de cuerpos, las autoridades habilitaron 400 fosas adicionales en el Cementerio del Sur, en Caracas, y activaron una red de crematorios y funerarias en la capital y el interior del país.
Parte de los cuerpos está siendo trasladada a Maracay, Valencia y San Joaquín, en el estado Carabobo, con el objetivo de agilizar los servicios de inhumación y cremación. Velásquez aclaró que las inhumaciones en el cementerio La Esperanza, en La Guaira, se realizan en fosas individuales, no en fosas comunes.
Las familias que buscan a sus seres queridos deben acudir a la morgue de Bello Monte o al punto de atención en Silos del Puerto, en La Guaira. El Senamecf es el organismo responsable del levantamiento e identificación de los cuerpos, la emisión de actas de defunción y la autorización de inhumaciones o cremaciones. Velásquez subrayó que «todo el proceso es completamente gratuito» y que existe un fondo de asistencia económica para familias sin recursos, garantizando que «ningún caso quedará excluido».
El contraste con otras realidades documentadas en la misma cobertura resulta elocuente: según El Nacional, en el edificio Country Mar se cobran hasta 3.000 dólares por extraer cuerpos entre los escombros, y el gobierno anunció la llegada de diésel para maquinaria pesada recién dos semanas después del sismo.
El mercado ya votó sobre la capacidad de respuesta del Estado venezolano: la demora en combustible para maquinaria, la extracción informal de cuerpos a precio de mercado negro y la dispersión logística hacia tres ciudades distintas revelan un aparato estatal que llegó tarde y con recursos insuficientes. Cuando el Estado no puede garantizar ni el servicio funerario básico sin depender de redes de apoyo privadas y donaciones externas, la pregunta sobre quién paga la reconstrucción —cifrada en miles de millones de dólares según estimaciones citadas por El Nacional— no tiene respuesta institucional creíble. El capital busca reglas claras; la tragedia venezolana confirma, una vez más, que sin ellas ni siquiera los muertos descansan en orden.
