Delcy Rodríguez anunció este viernes que Venezuela retiró 346 millones de dólares de «sus propios recursos» en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los fondos, según la funcionaria chavista, se destinarán a la reconstrucción de viviendas, infraestructura y servicios públicos esenciales dañados por los terremotos del 24 de junio.
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron, según el balance oficial más reciente, 5.069 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda.
Qué son exactamente estos recursos
La portavoz del FMI, Julie Kozack, aclaró el 9 de julio que se trata del llamado tramo de reserva, definido como «una fuente de liquidez importante y de fácil acceso que puede movilizarse rápidamente». Este mecanismo es distinto a los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el organismo retiene a Venezuela, cifrados en unos 4.500 millones de dólares. La suma de ambos activos ronda los 5.000 millones de dólares en total.
Kozack precisó que los activos del tramo de reserva tienen disposición inmediata para «ayudar a atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas del desastre» y que es «el recurso» que Venezuela «ha indicado querer utilizar».
El contexto diplomático
Rodríguez había informado el 8 de julio de una llamada con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para gestionar la liberación de «recursos bloqueados». En su comunicado de este viernes, agradeció a Georgieva «por su respaldo y compromiso, así como a todas las instituciones que hicieron posible este importante paso».
La propia Rodríguez subrayó que el régimen continuará «trabajando sin descanso para proteger a nuestro pueblo y avanzar en la recuperación del país».
La lectura de Ágora Capital
La operación es técnicamente legítima: el tramo de reserva es dinero que Venezuela aportó al FMI y tiene derecho a retirar. El problema no es el instrumento, sino quién lo administra. Un régimen que durante años destruyó la industria petrolera, expropió empresas privadas y bloqueó la ayuda humanitaria internacional ahora gestiona fondos multilaterales de emergencia sin rendición de cuentas independiente ni auditoría externa.
Los 4.500 millones en DEG retenidos siguen siendo la cifra que importa: mientras el aparato chavista no ofrezca garantías mínimas de transparencia, el debate sobre esos recursos —y sobre quién reconstruye realmente el país— apenas comienza.
