Los terremotos del pasado 24 de junio dejaron al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela con una pérdida inicial de 600 megavatios. La causa directa: la caída de 10 torres de alta tensión en la línea de transmisión Planta Centro-Yaracuy, según informó el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, a través del Ministerio de Comunicación e Información.
Alcalá detalló que los equipos técnicos de Corpoelec trabajan «las 24 horas» desde que ocurrieron los dos sismos. El avance más concreto se registra en Termocarabobo: de los cuatro grupos de generación afectados, ya se recuperaron dos transformadores. La reactivación del tercero, prevista para los próximos días, sumaría 450 MW al sistema, es decir, tres cuartas partes de lo perdido en el evento sísmico.
El ministro también mencionó que continúan los trabajos en la unidad de generación número 6 de Planta Centro, un equipo de 600 megavatios cuya incorporación al SEN se proyecta «en los próximos meses».
En paralelo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez pidió públicamente «paciencia» a la población ante los plazos requeridos para la recuperación del sistema eléctrico, según reportó el mismo medio.
Los números son elocuentes: seis semanas después del doble sismo, Venezuela aún opera con un déficit de al menos 150 MW respecto al nivel previo al evento, sin contar las deficiencias estructurales que ya arrastraba el SEN antes del 24 de junio. La organización Monitor Ciudad, citada por El Nacional, responsabiliza al Ejecutivo nacional por las fallas eléctricas crónicas y descarta el impacto del fenómeno El Niño como factor determinante.
Desde Ágora Capital, la lectura es inevitable: una infraestructura eléctrica sólida no colapsa ante 10 torres caídas. Lo que los sismos expusieron no es solo daño físico, sino décadas de desinversión en un sector que el Estado monopoliza y administra a través de Corpoelec. Cuando el aparato estatal sustituye al mercado en la provisión de servicios esenciales, la fragilidad se acumula en silencio hasta que un evento externo la hace visible. El capital privado, con reglas claras y contratos respetados, habría distribuido el riesgo y acelerado la reposición. En su lugar, los venezolanos esperan meses a que una burocracia trabaje «las 24 horas» para devolver la luz.
