Los números llegaron el 15 de julio con el reporte anual Wuenic, publicado por la Organización Mundial de la Salud y Unicef: Venezuela figura —junto a Bolivia— entre los países que han empeorado de forma drástica sus indicadores de vacunación infantil respecto a los niveles de 2019.
La cifra más dura: más de 200.000 niños venezolanos no han recibido ni una sola dosis de las vacunas esenciales. La cobertura contra tos ferina, tétanos y difteria (DTP) se sitúa en apenas 50%.
Una circular que raciona en lugar de resolver
El 29 de mayo, el Ministerio de Salud emitió la circular N° VRSC/DGE/DI 020/2026, dirigida a ambulatorios y hospitales públicos. El documento instruye a «optimizar» y racionar las dosis diarias administradas, con vigencia «mientras aumenta la disponibilidad de vacunas en el país».
Las restricciones son precisas y de alcance amplio. Los centros con menos de 10 partos diarios solo podrán aplicar la BCG —que protege contra las formas graves de tuberculosis— los lunes, miércoles y viernes. Para la pentavalente, se ordena priorizar el primer año de vida y diferir el cuarto y quinto refuerzo, aun cuando el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) establece esos refuerzos a los 18 meses y a los 5 años. Para la vacuna SRP —sarampión, rubéola y parotiditis—, se aplica solo la primera dosis y se pospone la segunda. El toxoide tetánico-diftérico queda reservado para emergencias por heridas y atención prenatal de casos con más de 10 años sin vacunarse.
El efecto real: familias que no pueden volver
La política genera lo que los especialistas denominan «oportunidades perdidas». Si a un centro acuden menos niños de los necesarios para abrir un multifrasco, las familias deben regresar otro día. En un país con salarios precarios y altos costos de transporte, ese segundo viaje es, para muchas madres, simplemente inaccesible. El resultado es un niño que vuelve a casa sin vacunar.
La comunidad médica rechaza la opacidad
A principios de junio, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP), la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), la Sociedad Venezolana de Salud Pública (SVSP) y la Academia Nacional de Medicina (ANM) emitieron un comunicado conjunto de rechazo a la circular. Según la Academia Nacional de Medicina, según recoge la fuente, el Ministerio «trabaja sin haber informado previamente» y existe «una gran opacidad comunicacional»: los médicos venezolanos desconocen cuántas dosis hay disponibles y cuántas se requieren, y se enteran de la situación a través de fuentes externas como la OPS.
Las instituciones exigieron a las autoridades garantizar «lo antes posible la adquisición de dosis suficientes y de calidad para cumplir con el PAI».
---
Lo que ocurre en Venezuela no es una falla técnica de logística: es la consecuencia directa de un aparato estatal que carece de recursos porque los ha dilapidado, que esconde información porque la transparencia lo incomoda, y que administra la escasez en lugar de resolverla. Cuando el Estado raciona vacunas infantiles, el costo no lo paga la burocracia; lo pagan los niños con enfermedades prevenibles y las familias que no pueden costear un segundo viaje al ambulatorio.
La cobertura de inmunización es uno de los indicadores más básicos de funcionamiento estatal. Un país que retrocede en ese umbral mientras sus autoridades emiten circulares de racionamiento no está gestionando una crisis: la está perpetuando.
