El gobierno venezolano anunció que mantendrá el proceso de reestructuración de su deuda externa pese al impacto del doble terremoto que sacudió la zona norte del país el pasado 24 de junio. El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, afirmó durante un acto del Consejo Nacional de Economía que en las últimas semanas se realizaron «intercambios técnicos intensivos con nuestros socios y con las instituciones financieras internacionales».
Ortega indicó que el gobierno continúa afinando el marco macroeconómico y el análisis de sostenibilidad de la deuda, incorporando el «impacto económico de los terremotos». Señaló que los resultados de ese trabajo se publicarán en las próximas semanas y servirán de base para avanzar en una reestructuración que el funcionario calificó de «ordenada, transparente y creíble».
Una deuda sin cifra oficial
El proceso formal de reestructuración fue lanzado el 13 de mayo e incluye tanto la deuda pública externa como los pasivos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El gobierno no detalló el monto total involucrado. Según un informe publicado en marzo por Transparencia Venezuela, la deuda externa venezolana supera los 170.000 millones de dólares; la organización explicó que ese cálculo responde precisamente a la falta de información oficial sobre el monto real.
Ortega advirtió que la recuperación será más difícil sin nuevos financiamientos, lo que requiere «normalizar progresivamente la relación de Venezuela con socios financieros internacionales». Para el gobierno, la reestructuración es condición indispensable para restablecer el acceso al crédito externo.
El FMI: simpatía, sin cheque en blanco
La directora del Departamento de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, expresó apoyo institucional ante la catástrofe: «Estamos profundamente entristecidos por el impacto del terremoto en Venezuela». El organismo se mostró dispuesto a conversar sobre posibles apoyos, pero no estableció compromisos concretos en materia de financiamiento.
El balance oficial del doble terremoto asciende a 4.561 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda. La magnitud del desastre añade presión a un proceso de negociación que ya partía de una posición de extrema debilidad.
La lectura de Ágora Capital
El mercado conoce bien este patrón: un Estado que no publica cifras de deuda, que negocia sin transparencia y que ahora usa una tragedia humanitaria como argumento para acelerar el acceso a financiamiento externo. Capital busca reglas claras, y Venezuela no las ofrece. La ausencia de datos oficiales sobre el monto real de los pasivos —suplida por una ONG— dice más sobre la credibilidad del proceso que cualquier declaración oficial.
La reestructuración puede ser necesaria; el problema es quién la conduce y bajo qué condiciones de rendición de cuentas. Sin reformas estructurales verificables y sin un marco legal que proteja la propiedad privada y los derechos de los acreedores, cualquier acuerdo corre el riesgo de repetir el ciclo: deuda, default, más deuda.
