Los acuerdos petroleros anunciados en Venezuela suman cifras de vértigo, pero la producción no fluye sola. Carlos Borges, director del Grupo Venols, lo dijo sin rodeos en el Foro Sector Financiero y Empresarial celebrado en Caracas: «El freno no está en el subsuelo. Está en la superficie: en los servicios, la logística y el financiamiento».
Los números sobre la mesa son concretos. Chevron anunció una inversión superior a 7.000 millones de dólares en Venezuela durante los próximos cinco años, con el objetivo de elevar su producción por encima de 600.000 barriles diarios hacia 2031. Eni asumió la operación de Junín 5, en la Faja del Orinoco, campo que produce cerca de 12.000 barriles diarios y que la compañía contempla desarrollar hasta alcanzar alrededor de 180.000 barriles diarios. A eso se suma el acuerdo con North American Blue Energy Partners (Nabep), que contempla derechos sobre 17 campos petroleros, participación estadounidense de 35% en la compañía y reservas estimadas en aproximadamente 65.000 millones de barriles.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó —según consigna El Nacional— que los nuevos acuerdos podrían llevar a más que duplicar la producción de crudo del país, que en los últimos meses se situaba alrededor de 1,1-1,2 millones de barriles diarios.
Pero Borges advierte que los contratos no se convierten solos en producción. En el occidente venezolano, señala, existen pozos que pueden reactivarse mediante trabajos de reparación, levantamiento artificial, recuperación de infraestructura eléctrica y servicios logísticos. La Faja del Orinoco, en cambio, exige perforación, diluyentes e inversiones de capital de mayor plazo.
El punto crítico para la cadena de valor local es el financiamiento de corto plazo. «Una empresa mediana de servicios locales no puede financiar 90 o 120 días de crédito a las grandes operadoras sin ahogarse financieramente», expresó Borges. Su propuesta incluye créditos de procura, financiamiento puente, factoring de facturas y esquemas de pronto pago que conviertan contratos en liquidez operativa.
Para 2027, Borges identifica como prioridades adicionales la formación de personal especializado, la certificación en seguridad industrial, la disponibilidad de viviendas y campamentos, y reglas claras que favorezcan la participación de proveedores nacionales. «Los operadores ya pusieron la inversión sobre la mesa. La pregunta para 2027 es si el ecosistema de proveedores, banca y talento local estará listo para absorberla», resumió.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el diagnóstico de Borges apunta a una verdad que los grandes anuncios suelen eclipsar: el capital extranjero necesita reglas claras y un ecosistema privado funcional para aterrizar. Sin banca dispuesta a financiar la cadena de suministro y sin proveedores locales capitalizados, la inversión fluye hacia afuera o se estanca en la burocracia. El derrame económico que prometen los acuerdos depende, en última instancia, de que la libre empresa venezolana tenga acceso real al crédito y a contratos ejecutables. Esa es la variable que los titulares no miden, pero que el mercado sí cotiza.
