La reactivación de los campos petroleros de Venezuela avanza con más expectativas que certezas. En Cabimas, en el estado Zulia, las torres oxidadas, las plataformas deterioradas y la contaminación del lago de Maracaibo conviven con anuncios de nuevas inversiones y con una infraestructura pública todavía golpeada por apagones y fallas de servicios.
El reportaje de The Wall Street Journal describe una ciudad de unos 350.000 habitantes que fue uno de los puntos de origen de la industria petrolera venezolana hace más de un siglo. Hoy, la apuesta pasa por volver a poner en marcha viejos activos. Pacific Coast Energy Co. informó que comenzó un programa para reactivar 900 pozos en Cabimas.
El problema es la escala del deterioro. Especialistas y ejecutivos del sector advierten que la reconstrucción requerirá cientos de miles de millones de dólares y un proceso prolongado. No es un detalle menor: el capital entra con cautela cuando la infraestructura básica no acompaña y cuando los costos operativos se disparan por razones ajenas a la producción.
La producción nacional se ha mantenido ligeramente por encima de un millón de barriles diarios desde enero, según el reportaje. Es una mejora frente a los 500.000 barriles registrados en 2020, pero todavía está muy lejos de los más de 3,2 millones de barriles diarios de finales de los años noventa. El dato ayuda a dimensionar el retroceso acumulado y el tamaño del reto para cualquier recuperación real.
En Caracas, una conferencia con más de 650 representantes de compañías energéticas internacionales sirvió para exhibir señales de reactivación, con acuerdos con Chevron y GE Vernova y posibles mejoras en el sistema eléctrico, mencionadas por funcionarios estadounidenses. Pero las empresas siguen señalando los mismos obstáculos: cortes de electricidad, falta de contratistas especializados y dificultades para conseguir financiamiento, todo en medio de las sanciones estadounidenses.
William Antonio, directivo de SLB, afirmó que solo un tercio de los 30.000 pozos petroleros del país continúa activo, después de años de aislamiento que limitaron el acceso a nuevas tecnologías. Maurel & Prom, por su parte, tuvo que retrasar actividades debido a las condiciones operativas.
Los testimonios de Cabimas muestran el costo humano de esa parálisis. En localidades cercanas al lago de Maracaibo, los residentes afrontan apagones frecuentes y escasez de agua; en algunos sectores, el suministro llega apenas durante unos días cada tres meses, de acuerdo con los testimonios recogidos por el diario. El caso de Elmo Quintero, de 65 años, resume la fractura entre el discurso de reactivación y la vida diaria: dijo que no puede costear su insulina y que el ambulatorio de su localidad rara vez dispone de jeringas.
La lectura económica es clara. Sin seguridad jurídica, servicios básicos y financiamiento estable, la capitalización petrolera se vuelve lenta, cara y vulnerable. El mercado ya votó: puede haber interés por el crudo venezolano, pero sin reglas claras y sin una infraestructura funcional, el flujo de inversión no se convierte en productividad sostenida.
Y hay una lección más incómoda para el poder político: el petróleo puede volver a moverse, pero no sustituye al Estado que no funciona. Para los contribuyentes y las empresas, el costo de reconstruir una industria sobre una base tan deteriorada seguirá siendo enorme mientras persistan las fallas de servicios y la incertidumbre operativa.
