El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe advirtió que el aumento del Derecho de No Residente (DNR) puede golpear la competitividad turística de México y, con ello, la llegada de visitantes, la inversión y el empleo en Quintana Roo.
Alejandro Arvizu, presidente del organismo, sostuvo que la medida no solo impactaría al turista extranjero que pagará el alza, sino también a hoteles, restaurantes, transportistas, operadores turísticos, comercios, prestadores de servicios y proveedores locales que dependen de la actividad turística.
Las reformas a la Ley Federal de Derechos contemplan subir el cobro de 983 pesos a mil 158 pesos para turistas extranjeros que ingresen a México a partir de 2027. Ese ajuste ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora será discutido en el Senado.
Arvizu afirmó que, si el costo de viajar a México sube todavía más y no se financia la promoción institucional de los centros turísticos, existe el riesgo de que vacacionistas cambien su intención de viaje hacia otros destinos. También advirtió que la caída del turismo puede traducirse en menores ventas, dificultades para sostener operaciones y postergación de contrataciones e inversiones.
El dirigente empresarial subrayó que las microempresas representan 92.9 por ciento de los negocios turísticos y ocupan al 48 por ciento del personal en el universo censal. En su lectura, una merma en la actividad golpea de forma directa los ingresos de trabajadores y familias, además de limitar oportunidades para jóvenes, mujeres y emprendedores.
El planteamiento del sector llega en un momento en que, de acuerdo con un análisis del Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún, las llegadas de turistas internacionales por vía aérea a México mantienen una tendencia descendente en lo que va del año. El indicador calculado por el STARC, mediante promedios móviles de 12 meses, bajó de aproximadamente 1.935 millones al inicio de la serie en 2025 a 1.835 millones en el tramo más reciente, una reducción cercana a 5.2 por ciento.
En paralelo, los ingresos por visitantes internacionales sumaron 24 mil 152 millones de dólares entre enero y agosto de 2026, frente a 23 mil 934 millones en el mismo periodo de 2025. Eso implica un aumento de 218 millones de dólares, equivalente a 0.9 por ciento. Aun así, la participación del turismo aéreo en esos ingresos cayó de 81.2 por ciento a 79.1 por ciento, y se mantiene por debajo del máximo de 85.6 por ciento registrado en 2022.
Arvizu pidió que se evalúe técnicamente el impacto integral de la medida y que una parte sustancial de la recaudación se destine a promoción turística internacional, al fortalecimiento de la imagen de México y a la atención de crisis reputacionales que influyen en la decisión de los viajeros. También manifestó la disposición del organismo empresarial para participar en una mesa de trabajo con visión de largo plazo.
Los números primero. El debate de fondo no es solo cuánto cobra el Estado, sino qué incentivo deja para que lleguen visitantes, se sostenga la inversión privada y se proteja el empleo regional. Cuando la burocracia fiscal encarece la entrada al país sin blindar la promoción del destino, el costo lo termina asumiendo la economía real.
Capital busca reglas claras. Si el gobierno quiere más recaudación, el camino no puede pasar por debilitar la competitividad de uno de los motores más sensibles para Quintana Roo. El libre mercado necesita señales que atraigan flujo, no decisiones que enfríen la demanda y castiguen a las microempresas que sostienen buena parte del turismo.
