El Banco Central de Venezuela (BCV) convocó a representantes de la banca nacional para evaluar estrategias de reconstrucción tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió al país hace un mes. Del encuentro también participaron la vicepresidencia sectorial de Economía, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).
Los sismos dejaron casi 5,400 muertos, al menos 16,740 heridos y cerca de 18,000 personas sin vivienda, además de daños en edificios, comercios, hoteles, hospitales, escuelas, centros comerciales, iglesias, industrias, carreteras, puentes y en el principal aeropuerto internacional del país.
El programa crediticio contempla financiamiento para reparar edificaciones —dirigido a condominios y personas naturales— y acceso a recursos para adquirir vivienda en los casos de pérdida total. El BCV precisó que las medidas «se están diseñando para no causar impacto en la masa monetaria», dado que se implementarán sobre la base de recursos en divisas. No se ofrecieron montos ni plazos concretos.
El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, sostuvo que el año en curso, «a pesar de ser atípico», se asemeja en términos macroeconómicos a 2024, «que se caracterizó por la estabilidad cambiaria y la disminución de las presiones inflacionarias».
La factura de la catástrofe es contundente. El economista Asdrúbal Oliveros estimó ante EFE que la reconstrucción requerirá entre 12,000 millones y 15,000 millones de dólares, cifra que calificó de «muy significativa» para una nación con un PIB de alrededor de 110,000 millones. El extremo inferior de esa horquilla equivale al 10.9% del producto interno bruto.
Los números mandan. Una economía que ya arrastraba décadas de contracción, controles de cambio y destrucción de capital privado enfrenta ahora una reconstrucción equivalente a más de una décima parte de su producción anual. El aparato estatal anuncia créditos, pero la ausencia de cifras, tasas y condiciones en el comunicado del BCV revela la magnitud del problema de fondo: Venezuela carece de un sistema financiero privado robusto y de un marco jurídico que atraiga inversión externa a la escala que la emergencia demanda.
Capital busca reglas claras. Sin certeza jurídica, sin protección a la propiedad privada y sin transparencia en la asignación de los recursos, el riesgo país permanecerá prohibitivo para cualquier financiamiento internacional que no pase por el filtro del Estado. La reconstrucción real —la que devuelve viviendas y activa la economía local— depende de condiciones que el régimen no ha mostrado voluntad de crear.
