A las 5:30 de la tarde del 24 de junio, Angelina Guerra Figueroa, de 16 años, le envió una nota de video a su madre desde el edificio Solymar en Los Corales, La Guaira. Le contaba que una amiga estaba en casa y que su papá le había preparado milanesa con espagueti. Fue el último mensaje que Liliana Figueroa recibió de su hija antes de que el doblete sísmico arrasara con gran parte del litoral venezolano.
Veinte días después, Liliana sigue sin encontrar el cuerpo.
Un calvario documentado paso a paso
Liliana vivía en Boa Vista, Brasil, donde trabajaba como mesera porque su salario docente en Venezuela no alcanzaba para sostenerse a sí misma y a su hija. Cuando los sismos golpearon, tardó tres días en regresar: el paso fronterizo del Kilómetro 88 estaba cerrado por un operativo militar relacionado, según reportes, con la muerte del Niño Guerrero. La crisis obligó a abrirlo.
Durante días enteros revisó álbumes digitales de cadáveres en una tablet habilitada en la morgue improvisada por el Gobierno en los silos del Puerto de La Guaira. Allí localizó el número 216 SS para su expareja Richard y el 212 SS para Angelina. Cuando fue a buscar las bolsas correspondientes entre hileras apiladas sin orden, algunas en contenedores de carga a la intemperie frente al mar, encontró que los números no coincidían con los cuerpos: en la bolsa 212 SS había una señora mayor; en la 216 SS, un señor calcinado.
La explicación que recibió fue que la lluvia del día siguiente al terremoto borró los números escritos con marcador sobre los cadáveres, y que la nomenclatura cambió sin aviso.
La gestión estatal: sin papel ni lápiz
El cuadro que describe Liliana no es un caso aislado. Según su relato, el propio personal de la morgue le confirmó que la situación se repetía con otras familias. La gestión de las primeras 72 horas recayó, de acuerdo con la fuente, casi totalmente en ciudadanos que buscaban con las manos entre los escombros. Las patrullas policiales recogían cadáveres a toda velocidad sin protocolo de identificación. Algunos cuerpos permanecieron horas cubiertos con sábanas junto a los edificios destruidos. No había papel ni lápiz para registrarlos adecuadamente.
El Gobierno venezolano no ha informado cifras de desaparecidos. Casos como el de Liliana quedan fuera de ese conteo porque hay evidencia de muerte, pero los cuerpos no pueden ser entregados a sus familias.
Lo que revelan los números
La tragedia de La Guaira expone algo que va más allá del duelo individual: la incapacidad estructural de un Estado que, después de años de colapso institucional, no pudo garantizar ni siquiera la identificación básica de sus muertos. Cuando el aparato público falla en lo más elemental —registrar un nombre, conservar un cuerpo, devolver un familiar— la factura la pagan los ciudadanos con tiempo, dinero propio y un sufrimiento que el Estado no cuantifica ni reconoce.
Liliana Figueroa lo resume con precisión: «Todos merecemos un cierre a esta tragedia». Es una frase que, en cualquier país con instituciones funcionales, sonaría obvia. En Venezuela, en 2025, es un reclamo sin destinatario claro.
