La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció un arancel adicional de 12,5% sobre productos colombianos que ingresan al mercado estadounidense, un aumento de 2,5 puntos porcentuales frente al arancel anterior de 10%. La medida alcanza a otras 54 economías a nivel mundial.
Según la Dirección de Asuntos Económicos de Analdex, los productos colombianos potencialmente comprendidos por la nueva medida sumaron ventas por US$4.430 millones en 2025, cifra que representó aproximadamente 29,8% de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos ese año. El costo arancelario adicional que deberán asumir los exportadores llegaría a US$80 millones.
«En términos prácticos, cerca de US$3 de cada US$10 exportados por Colombia hacia Estados Unidos estuvieron asociados con productos que podrían enfrentar alguna de las medidas arancelarias impuestas», señaló Analdex. El gremio subrayó que la medida «no se concentra en productos marginales ni en operaciones aisladas, sino en sectores con una participación importante dentro de la relación comercial bilateral».
El sector de flores, follajes y plantas vivas es el de mayor exposición: exportó US$1.899 millones en 2025 y concentra 42,8% del valor potencialmente afectado. Junto con los derivados de aluminio y los transformadores eléctricos, estos tres sectores acumulan 64,2% del valor total bajo riesgo.
A la nueva tarifa se suman las medidas de la Sección 232 que Estados Unidos ya aplica sobre acero, aluminio, sector automotriz y cobre, rubros en los que Colombia también registra afectaciones. Quedan exentos de la nueva medida el carbón, el petróleo, el café, el cacao, el banano, las frutas tropicales, el oro y algunos medicamentos.
La USTR fundamentó la decisión en una investigación que examinó las políticas adoptadas por cada economía para prohibir y controlar la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso. Colombia fue incluida en el grupo de países que, según esa evaluación, «no han establecido ni aplicado eficazmente» dicha prohibición.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, la señal que llega desde Washington es inequívoca: el acceso preferencial al mayor mercado del mundo no es un derecho adquirido, sino un activo que se defiende con marcos jurídicos creíbles y aplicados. Un gobierno que no prioriza la certeza regulatoria ni los estándares laborales internacionales traslada el costo de su inacción directamente al sector exportador privado. Son las empresas —y los empleos que sostienen— quienes terminan pagando la factura de US$80 millones que la burocracia no supo evitar.
