El gobierno uruguayo del presidente Yamandú Orsi descartó la propuesta más polémica que había surgido del llamado «diálogo social» para reformar el sistema previsional: la separación entre la gestión del portafolio de inversiones y el vínculo comercial de las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP) con sus afiliados.
Las AFAP privadas —Itaú AFAP, AFAP Sura e Integración AFAP— habían calificado esa medida de «estatización». La cuarta administradora, República AFAP, es de capital estatal y concentra la mayor cantidad de clientes.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, fue explícito: «Las AFAP siguen siendo las responsables del manejo del fondo de ahorro previsional, siguen manteniendo un vínculo con el afiliado, el afiliado sigue decidiendo de manera individual qué AFAP elige». La marcha atrás se produjo tras 60 días de mesa de diálogo entre el Ministerio y las propias administradoras, abierta precisamente para procesar las críticas.
El objetivo declarado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es «mejorar el monto de las jubilaciones» que genera el pilar de ahorro individual. Para lograrlo, la estrategia se apoya en dos ejes: reducción de costos y ampliación del universo de inversiones en el exterior, hoy fuertemente acotado por regulación. Oddone estimó que, cuando todas las medidas estén implementadas, el ahorro en comisiones debería rondar «entre el 5% y el 10%», aunque aclaró que es una estimación inicial.
El anuncio abre, sin embargo, un nuevo frente político. El PIT-CNT, la central obrera del país, recibió la noticia con evidente disgusto. Su presidente, Marcelo Abdala, recordó que «los acuerdos son para cumplirse» y señaló que el «diálogo social» había contemplado la posibilidad de gestión centralizada por un organismo público, punto que el gobierno dejó fuera. En un comunicado posterior, el PIT-CNT planteó interrogantes sobre quién garantiza el retorno de las inversiones en el exterior y cuestionó que las AFAP continúen cobrando comisiones «antes de desarrollar inversión alguna y sin tener riesgo empresarial ninguno».
La reforma previsional que ahora se ajusta fue aprobada durante la administración de Luis Lacalle Pou. El «diálogo social» de Orsi fue concebido para modificarla, pero el resultado más visible hasta ahora es que el cambio estructural más ambicioso —y más disruptivo para el capital privado— quedó descartado.
La lectura de Ágora Capital. El retroceso del gobierno de Orsi es una señal que el mercado no debería ignorar: cuando la presión sobre la propiedad privada y la libre elección del afiliado encontró resistencia organizada, el aparato estatal cedió. La ampliación de inversiones en el exterior, si se concreta con reglas claras, puede mejorar el retorno de largo plazo para los trabajadores uruguayos. El verdadero riesgo ahora es que la presión sindical del PIT-CNT revierta las concesiones ya hechas o bloquee la apertura al exterior, privando a los fondos de diversificación y rentabilidad. Capital busca reglas claras; la incertidumbre regulatoria es el costo que siempre termina pagando el afiliado.
